Información Contra la Represión

www.fncr.blogspot.com

 

A continuación encontrarás un pronunciamiento en apoyo a Lucía Morett que te invitamos a firmar, si estás de acuerdo, antes del mediodía de este jueves 9 de julio en que lo meteremos en un diario de circulación nacional para ser publicado como desplegado. Puedes agregar tu firma al final, respondiendo a este correo o reenviándolo directamente a portilucia@gmail.com y circuládnolo entre tus propios contactos.

 

 

México, D.F., a 6 de julio de 2009.

A LA OPINIÓN PÚBLICA ,

AL GOBIERNO DE MÉXICO,

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

NACIONALES E INTERNACIONALES:

Manifestamos nuestra indignación y rechazo ante la inadmisible petición del gobierno de Colombia de solicitar a la INTERPOL una orden de captura internacional en contra de Lucía Morett Álvarez, la única sobreviviente mexicana de la agresión colombiana a Ecuador en la masacre de Sucumbíos,  acusándola de “concierto para delinquir con fines terroristas”, “financiación del terrorismo” y “administración de recursos relacionados con actividades subversivas”.

Hasta que se hizo público en los medios, Lucía desconocía la existencia del proceso judicial que a escondidas le fabricaron en Colombia y en el que nuevamente, con toda ventaja y saña, se actuó en su contra.  A Lucía se le ha arrebatado el derecho a tener una defensa adecuada, prerrogativa básica reconocida en diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Se trata de una violación más a los derechos humanos de esta estudiante de la UNAM.  y la continuación de la persecución política de la que ha sido objeto, después de ser gravemente herida en los bombardeos que ejecutó Colombia en territorio de Ecuador el 1 de marzo de 2008 y en los que fueron asesinados cuatro estudiantes mexicanos: Verónica Velázquez, Soren Avilés, Juan González del Castillo y Fernando Franco Delgado..  Se trata de una mascarada jurídica para criminalizar a Lucía y evadir la responsabilidad de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa, como principales responsables de la masacre de Sucumbíos.  Ellos son los que deben responder ante las cortes internacionales.

Entregar a Lucía Morett a quienes la torturaron e intentaron asesinarla es totalmente ilegal e injusto.  Si en foros internacionales se condenó la invasión colombiana a Ecuador y se denunció que se cometieron innumerables delitos que violaron el derecho internacional y el derecho humanitario, el gobierno mexicano que se expresó en ese sentido, debe consecuentemente poner un alto a las agresiones que sufre Lucía Morett y demandar la justicia plena para los connacionales víctimas en el extranjero de los delitos de lesa humanidad.

Nos pronunciamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos de Lucía Morett, por el cese definitivo de la injusta persecución política de la que es objeto y de los amañados procesos jurídicos, que se han establecido también en México y en Ecuador, y que castigan a las víctimas y dan impunidad a los criminales. Tratándose de acusaciones de tipo político, tanto por la solicitud de extradición ecuatoriana como en la orden de captura a Interpol, no procede legalmente la entrega de Lucía Morett. El gobierno mexicano debe negar la extradición o la detención.

 

BENJAMIN Y LUIS: TODO NOS DUELE A TODOS

 

Jaime GARCÍA CHÁVEZ

Todo nos duele. Nos duelen los huesos, los cartílagos, los nervios, los tendones, los músculos, los tejidos más complejos, el hígado, los pulmones, el cerebro, los riñones, los testículos, los ovarios, el corazón. Si tenemos alma, el alma también nos duele. El dolor es inmenso, individual y colectivo. Duele en la calle y en la casa; en la fábrica y en la oficina; en la escuela, en la iglesia y en el templo. Es un dolor omnipresente que aún no se traduce en estado de vergüenza generalizado que mueve voluntades, derroca gobiernos y le da nuevo cauce a la cultura. La noticia del asesinato de Benjamín LeBarón y su cuñado Luis Widmar, fue como un rayo fulminante que recorrió la médula espinal de prácticamente todos los chihuahuenses, no se diga de los familiares y miembros de la comunidad mormona del Municipio de Galeana, de Chihuahua y de donde quiera que esté un adepto del culto reformado que llegó al país en búsqueda de paz, prosperidad y tolerancia inspirados por los liberales del siglo XIX mexicano.

 

En ocasiones similares, apretando los puños, podíamos repetir la conseja del filósofo

Spinoza: no llorar sino entender, pero hoy hasta eso es imposible porque el gran dolor, al estar en todas partes, lo sofoca,  contiene hasta el entendimiento. ¡Estamos aturdidos!

En el camino de dolor por el que transita Chihuahua, sus riveras están sembradas de preguntas, muchas preguntas, innumerables preguntas y muy pocas respuestas, en especial, las que debieran producir los gobernantes ineptos que ven correr la sangre y ponen más atención en la miserable disputa por un poder político hecho de retazos minoritarios y desprecio por un pueblo incrédulo de los políticos, los partidos, los gobernantes y a falta de mejor concepto eso que se denomina clase política y que ya es un coágulo atravesado en un órgano esencial del cuerpo social.

El de Benjamín y Luis fue un crimen anunciado. Quienes tienen dos dedos de frente sabían que la muerte rondaba a la comunidad mormona y no hicieron nada. El anuncio fue el secuestro de Erick, plagiado y liberado hace unas cuantas semanas. La resistencia cívica y valiente al secuestro de Erick dignificó a Chihuahua, le inyectó vida cívica a las plazas y a las calles de Chihuahua. Por fin alguien, hasta cierto punto extranjero, aunque mexicano voluntario —no se quiere como mejor sino a la patria que se escoge— había levantado la voz para lanzar un grito rupturista de exigencia al gobierno y de resistencia contra los criminales, los mafiosos y los sicarios.

Hubo dicha en muchos hogares cuando Erick regresó vivo y libre, porque de alguna manera todos vivimos perseguidos y secuestrados y con Erick sentimos que nuestra libertad podía conducirnos a mantener la vida frente al despropósito de los criminales que la han relativizado a grado tal de que la cotidianidad ya nos acostumbró a esta siembra indiscriminada de cadáveres por todos lados. Decía Heródoto que en los tiempos de paz los jóvenes enterraban a los viejos, en los de guerra los viejos a los jóvenes. Nosotros estamos en medio de una guerra injusta, demencial y además perdida y los jóvenes son los que mueren, pero no solo; son jóvenes también los que portan y accionan las armas de la muerte. Lo sabe el gobierno, lo saben los ineptos militares y también los organismos defensores de los Derechos Humanos cómplices del poder.

Con la ejecución de Benjamín LeBarón y Luis Widmar muere la esperanza de la resistencia a esa guerra injusta. Los criminales envían el mensaje de que a ellos si no los toca el poder publico, mucho menos los inermes ciudadanos que no tienen más instrumento que su percepción de la justicia y el reconocimiento de la dignidad humana. Por eso ahora todo nos duele.

Cómo desearíamos que nuestros gobernantes se enteraran de lo que escribió Mario Gianluigi Puzo, en su obra El Padrino, llevada magistralmente a la pantalla por Francis Ford Coppola, para que se abstengan de hacer estupideces. Les podemos disculpar que no lean, que estén ajenos a la sociología, a la ciencia del derecho y a tantas cosas que se suponen en el buen funcionario público. Lo que no podemos aceptarle es que no hayan ido al cine a disfrutar de Marlon Brando y ha entender a partir de ahí lo elemental del comportamiento de El Padrino. Da miedo, en cambio, que sí lo hayan hecho y aquilatado su mensaje, los criminales organizados de este país.

Sabemos que la omertá es una obstinación por el silencio que se da al interior de las mafias y en su comportamiento hacia afuera e implica la decisión de no hablar de cualquier situación o cosa que se haya sentido o visto, aunque se tenga conocimiento; más cuando se trata de delitos graves. Como un secuestro fallido.

La despreciable cultura de la omertá no solo obliga al silencio, sino a evitar la muerte. Por supuesto que no profeso esa obstinación, ni ninguna otra que tenga que ver con comportamiento de sociedades secretas.

 

Pero una cosa está clara: cuando se sale de un suceso como el de Erick, la discreción y el festinamiento no son recomendables. Y ambas cosas se hicieron para brindarle la oportunidad a José Reyes Baeza, a Patricia González y Víctor Valencia de los Santos de aparecer en un podium, con guirnaldas a la frente, arengando por boca del ejecutivo a la comunidad mormona aquí en Chihuahua. No advirtieron que un león, en un montículo cercano al lugar del sarao, los veía y afilaba sus garras. Por eso el dolor crece, crece exponencialmente.

¿Qué pasará en el futuro que viene? Ahora ya no existe la cortina de humo electoral, Blanco ya perdió merecidamente aunque el triunfador no represente nada. Los harapos electorales de los que se levantan con la victoria ya maquillan su triunfo. Pero esa clase política, aparte de irresponsable es insensible y ni siquiera tiene el pudor de dar la cara y solo se embriaga en los restaurantes de lujo, frotándose las manos por el poder, por el poder vacío. Por el poder sin Estado y sin derecho. Ignoran que hoy el crimen organizado es más soberano que las instituciones.  Quizá crean que un buen desplegado de condolencia todo lo zanjará.

¿Por qué en lugar de vigilar todos los accesos a la comunidad LeBarón no fue lo primero? ¿Porqué prefirieron una reunión laudatoria para el gobernador? ¿De que sirven los miles de soldados, policías federales y cipoles, si mal cae la noche te pueden sacar de tu casa para matarte? No entienden la lógica de que el crimen ya lo habían anunciado aun con su silencio.

Insisto, a la vera del camino hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Los mormones de Galeana intentaron una contestación y ganaron la primera batalla: Erick regresó sano y salvo. Pero la venganza llegó inexorable: al crimen nadie le levanta la mano. ¡Cosa de la omertá!

El gobierno inepto e irresponsable no lo valoró. No tienen derecho a ocupar el sitio que la sociedad les concedió un día. Ojalá y muchos comprendamos esto, y ojalá que la vergüenza nos invada, nos dé la fuerza suficiente para ponernos de pie, gritar y volver a poner a Chihuahua en la ruta de la paz fecunda que los gobernantes claudicantes no han sabido garantizar. Llámense como se llamen, sean del partido que sean, que para el caso da lo mismo.  

Mi solidaridad siempre estará con la comunidad LeBarón, con la familia que ahora sufre. Los he visto trabajar, luchar, compartir empresas políticas que me sorprendieron y asombraron. Porque se quienes son y comprendo su dolor, que es el dolor de todos, aunque no alcance punto de comparación con el que ellos padecen.

Chihuahua, Chih., a 08 de julio de 2009

Amenaza de Genocidio: Mapeo Militar de Estados Unidos Contra los Indígenas de México

 

Los hechos son claros: comunidades indígenas en México están siendo acosadas por el ejército estadounidense con la ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas

Simón Sedillo | El Enemigo Común | 6-7-2009

www.kaosenlared.net/noticia/amenaza-genocidio-mapeo-militar-estados-unidos-contra-indigenas-mexico

        Los hechos son claros: comunidades indígenas en México están siendo acosadas por el ejército estadounidense con la ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas. En 2005, el Departamento de Geografía de la Universidad de Kansas recibió $500, 000 dólares de fondos del Departamento de Defensa para mapear tierras comunales indígenas en los estados mexicanos de San Luis Potosí y Oaxaca. Con la ayuda de la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero de los Estados Unidos (FMSO, por sus siglas en inglés), localizada en la base militar del Fuerte Leavenworth en Leavenworth, Kansas; los profesores de geografía Peter Herlihy y Jerome Dobson han estado arando el camino del proyecto “México Indígena”, una parte de un proyecto de mapeo mayor, las Expediciones Bowman.

El investigador de la FMSO asignado a las Expediciones Bowman, el Teniente Coronel Geoffrey B. Demarest, es sospechoso de usar los mapas para inteligencia militar en contra de comunidades indígenas que afirman su autonomía y auto-determinación a través de gobernar y poseer colectivamente su territorio. Según Demarest, el único camino para el ‘progreso y la seguridad’ en América Latina es el de la privatización de éste tipo de tierras comunales.

En publicaciones de la FMSO y en un libro de texto titulado “Geopropiedad: Asuntos Externos, Seguridad Nacional y Derechos de Propiedad”, Demarest asegura que “la posesión informal e irregulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia”, y que la única solución para estos campos de cultivo de crimen e insurgencia es la privatización y titulación de la tierra.

No debiera sorprender, que Demarest no sólo fue entrenado en la Escuela de las Américas del Ejército Estadounidense (el centro famoso por enseñar tortura y creación de escuadrones de muerte paramilitares al personal militar Latinoamericano), pero también sirvió como el agregado militar de los Estados Unidos en la embajada de Guatemala entre 1988 y 1991, un tiempo de represión militar fuertemente respaldada por los Estados Unidos contra comunidades indígenas en Guatemala, con varios casos notorios de tortura y asesinato.

Antes de su trabajo en el proyecto “México Indígena”, Demarest estaba implementando sus estrategias de información geográfica en Colombia, por lo menos hasta 2003. Un ensayo de la FMSO de marzo de 2003, escrito por Demarest, titulado “Mapeando Colombia: Información Geográfica y Estrategia”, declara claramente el uso final de la información geográfica: “Mientras el valor forense de la información de la propiedad de tierra es relativamente obvio, no es tan obvia la correlación entre información geográfica y estrategia militar, pero esta correlación marca precisamente un atributo esencial de campañas contrainsurgentes exitosas.”

En el mismo ensayo, Demarest da un paso adelante y expone las intenciones imperialistas para la información geográfica y la estrategia: “El poder estratégico se convierte en la habilidad de retener y adquirir derechos de propiedad alrededor del mundo. El poder nacional, sub-, supra- o transnacional puede ser medido por consiguiente.”

La misión primaria de la FMSO es evaluar amenazas asimétricas y emergentes para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con amenazas asimétricas se refieren a ejércitos guerrilleros y organizaciones terroristas. Por otra parte, la FMSO está evaluando movimientos sociales influidos por indígenas, como amenazas emergentes para la seguridad de los intereses políticos y económicos en México.

Oliver Froehling, geógrafo y director académico de la Universidad de la Tierra en la ciudad de Oaxaca, resalta el peligro de este tipo de proyectos de mapeo cuando declara: “El proyecto México Indígena se suscribe a una estrategia político-militar. No podemos olvidar que el mapeo empieza en medio del debate sobre un paquete de financiamiento militar de los Estados Unidos conocido como la Iniciativa Mérida. El control y desplazamiento de comunidades indígenas pretende remover potenciales focos rojos en la política, contribuir al control militar de la región y finalmente ‘liberar’ recursos naturales para beneficio del gobierno y, a su vez, sus aliados trasnacionales.”

Resistencia Indígena

La noción de Demarest de que la mayor resistencia al orden mundial neoliberal en México viene de comunidades indígenas demandando autonomía y auto-determinación en la forma de territorio comunal no es, por supuesto, una sospecha. Así es.

En 1992, después de que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari derogara el artículo 27 de la constitución, que había dado legalmente concesiones comunales de tierra a los campesinos indígenas de México, y en 1994, después de que se aprobara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una serie de levantamientos de liderazgo e inspiración indígena en el sur de México se han estado movilizando por la auto-determinación y la auto-defensa de su territorio.

Una de las luchas más notorias, es la de los Zapatistas, quienes ganaron atención global capturando un tercio del estado de Chiapas en las primeras horas del 1ero de enero de 1994, el día en que el TLCAN entró en vigor. Ellos denominaron su levantamiento armado indígena una lucha en contra de la muerte y el olvido; una lucha por la paz con dignidad, justicia y libertad. Mientras los fusiles de los Zapatistas se han mantenido en silencio durante los últimos 15 años, ellos han continuado resistiendo y, aún más importante, inspirando y escuchando a muchas luchas alrededor de México y el mundo.

El 14 de junio de 2006, una de esas luchas, una huelga sindical de maestros en la ciudad de Oaxaca, explotó rápidamente convirtiéndose en un levantamiento popular con una base indígena muy fuerte. El éxito del consiguiente levantamiento de 6 meses fue alimentado por ideas sobre las formas tradicionales de la tenencia de la tierra y las estrategias subsecuentes para el auto-gobierno que la vida comunal indígena implica. Campesinos indígenas, maestros, estudiantes, amas de casa y trabajadores se unieron en un enfrentamiento contra el gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, exigiendo su renuncia.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que en última instancia tomó la ciudad capital del estado por seis meses, utilizando una serie de bloqueos y que se autoproclamó el cuerpo de gobierno de facto, nació de una base fuertemente indígena. La primera asamblea general de la APPO, en la que participaron 270 delegados, fue organizada bajo el principio indígena mesoamericano de “mandar obedeciendo”. La asamblea general utiliza una forma indígena de organización por consenso que ha existido en Oaxaca por miles de años.

Ejerciendo su auto-determinación, miembros de la APPO ocuparon oficinas de gobierno estatal, local y federal por toda la ciudad. Estrategias de expropiación fueron empleadas inmediatamente. Comida, agua, transportación y comunicación, fueron los objetivos principales de expropiación. En un momento dado, mujeres de mediana edad de la APPO ocuparon un canal de televisión y una estación de radio manejados por el estado. Cuando las antenas de la estación fueron atacadas, la APPO respondió ocupando 13 estaciones de radio comerciales. Los oaxaqueños nunca imaginaron que podrían tomar la ciudad por tanto tiempo. Sin embargo, asesinatos, desapariciones, violaciones, tortura y tiroteos desde carros al mando de la policía en esta parte del estado, mermaron el ímpetu del movimiento social. Oaxaca y la APPO continúan resistiendo el régimen brutal del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y demandando su renuncia.

La batalla por Oaxaca no es pequeña. El estado es estratégico para los intereses neoliberales y es extremadamente rico en recursos naturales. Ya se ha convertido en el emplazamiento de una serie de proyectos industriales implementados por el TLCAN y el Plan Puebla Panamá. Carreteras, vías férreas, puertos comerciales, corredores de energía eólica, minas, empresas agropecuarias y maquiladoras, son algunos ejemplos del “progreso” que los partidarios del Plan Puebla Panamá han tratado de vender. Sin embargo, durante los últimos 15 años, estos símbolos de progreso únicamente han desplazado sistemáticamente a comunidades indígenas, que ya no son consideradas “económicamente viables”. La vida humana en Oaxaca es otra variable desechable en la ecuación de ganancias del TLCAN. Desplazar a los indígenas de sus tierras y robarles sus medios de subsistencia es equivalente al genocidio.

Curiosamente, en 2006, al mismo tiempo que la APPO estaba en enfrentamientos en las calles de la capital, el proyecto de mapeo “México Indígena” movió silenciosamente sus operaciones del estado de San Luis Potosí a la Sierra Juárez, una región biológicamente diversa y rica en minerales del estado de Oaxaca.

Cuestión de identidad

Para los indígenas del sur de México, territorio y cultura están tan entrelazados en la vida diaria que uno sin el otro es como una bicicleta sin ruedas. Sin embargo, el ‘progreso y la prosperidad’ del libre comercio implican intrínsecamente una pérdida de identidad y tradición para las comunidades indígenas. El bombardeo constante de propaganda anti-indígena en caricaturas, programas de televisión y noticieros, no es un accidente. En el libre comercio ser indígena es culturalmente menospreciado. Los espectaculares en las carreteras entre pueblos indígenas, representan consumidores de tez blanca con ninguna relación en absoluto con la tierra de la que consumen. Los maniquís de todas las tiendas de ropa para mujeres en la ciudad de Oaxaca (la capital de un estado que es 70% indígena), son altos, flacos y muy, muy blancos. El producto cosmético más comúnmente vendido a mujeres indígenas es aclarador de piel. Para las comunidades indígenas de México, reclamar su autonomía y territorio es, por lo tanto, una reivindicación sumamente urgente de su identidad.

En Oaxaca los indígenas siempre han esado más dispuestos a morir luchando por su tierras, de lo que cualquier gobierno ha sido dispuesto a matarlos y arrebatárselas. Negar y criminalizar las formas tradicionales de tenencia de la tierra es negar la vida y cultura de los indígenas. Demarest, la FMSO y el ejército de Estados Unidos lo saben. Pero lo que han descubierto en sus estudios de territorio indígena y resistencia en México y otras regiones de América Latina, es que el arma más peligrosa para el neoliberalismo no es necesariamente la lucha por el poder del Estado, o la presencia de la fuerza física. Más bien, es la implacable creencia en el auto-gobierno y la auto-determinación, ejemplificada en la forma tradicional de poder horizontal, cosechada por comunidades indígenas de México que representan la más grande amenaza al orden mundial. Esta es la clave de la resistencia cultural, aplicable a cualquier lucha de base comunitaria por la auto-determinación.

Ramificaciones Urbanas

 

Las implicaciones de las Expediciones Bowman y los ensayos de Demarest se extienden más allá de las tierras indígenas, reverberando en todos los sectores de la sociedad, y en particular, en los pobres de los centros urbanos del mundo. En un ensayo de la FMSO de la primavera de 1995 titulado “Geopolítica y Conflicto Urbano Armado en América Latina”, Demarest criminaliza y advierte del potencial de los pobres en las ciudades de America Latina:

“Intereses monetarios en Latinoamérica continúan aislando, física y socialmente, a las comunidades pobres en expansión. Los barrios de techos de lámina se convierten en áreas gobernadas por separado. Ellos marcan las dimensiones físicas de las que, de alguna manera, son naciones autónomas dentro de las naciones. En algún punto, su liderazgo puede ser visto como una amenaza para la seguridad nacional en vez de una simple amenaza a la seguridad pública. Es ahí donde reside su importancia geopolítica.”

En una sección previa de este mismo ensayo, Demarest enlista actores anti-estado que encuentran su hogar entre los pobres del mundo:

“Características distintivas de las más grandes ciudades, también llamadas ‘ciudades de mundo’, de las que América Latina tiene varias, incluyen la marcada polarización económica y social y una intensa segregación espacial. Encontramos también lo que es probablemente un efecto de esas condiciones: las agendas complementarias e identidades superpuestas de una vasta selección de actores anti-estado. Anarquistas, criminales, los desposeídos, extranjeros entrometidos, oportunistas cínicos, locos, revolucionarios, líderes obreros, minorías étnicas nacionales, especuladores de bienes raíces y otros pueden todos formar alianzas de conveniencia. Estas ideas pueden ser tan específicas como resistirse a un aumento en el pasaje de los camiones, tan inmediatas como una oportunidad para hacer un saqueo tras una celebración de masas, o tan amplio como la identidad étnica.”

Como las tierras comunales indígenas, los barrios de techos de lámina no regulados son considerados por la FMSO como precursores de crimen e insurgencia. En los Estados Unidos y en ciudades alrededor del mundo, la privatización de comunidades pobres a través del aburguesamiento es una estrategia similar multifacética de marginación a través de la desvalorización, la criminalización y el desplazamiento. Ser pobre y organizar tu comunidad para sobrevivir por sus propios medios, ejercer auto-determinación, según los ensayos de Demarest, es ser una amenaza para los intereses políticos y económicos de Estados Unidos, domésticos y en el extranjero.

Simon Sedillo es un organizador chicano que lucha por de defensa de los derechos comunitarios. Realiza películas documentales y su trabajo se ha centrado en poner habilidades, cámaras, y equipo de edición en las manos de comunidades en resistencia para que puedan documentar sus propias historias de lucha. Sedillo ha pasado los últimos 6 años documentando y enseñando medios comunitarios y video- documentación en México, en comunidades de inmigrantes en Estados Unidos y con jóvenes de barrio a través de los Estados Unidos. Sedillo, que fue un colaborador para www.elenemigocomun.net, está actualmente de gira proyectando cortometrajes sobre Oaxaca y Chiapas y presentando un taller sobre neoliberalismo y auto-defensa de derechos comunitarios.

 

01.07.2009

"Tácticas en contrainsurgencia" el manual en el que el Pentágono explica sus métodos por medio mundo

Contrainsurgencia para el siglo XXI

Nydia Egremy

Contralínea

El manual de táctica contrainsurgente que desclasificó el Pentágono en abril pasado concentra la experiencia de décadas de lucha a nivel global y la adapta a las ciudades, futuro escenario de los conflictos. El documento, que sirve de base para combatir guerrillas de todo el mundo, dicta que la contrainsurgencia debe ser total: involucra “todas las acciones políticas, económicas, militares, paramilitares, sicológicas y cívicas que puedan ser tomadas por un gobierno para lograr su objetivo”

Contrainsurgencia (Coin) es la lucha armada que puede ganarse o perderse si la nación anfitriona intercambia la información que tiene sobre la insurgencia con Estados Unidos y si existe o no un gobierno representativo y fuerte con el que este país establezca un acuerdo de cooperación, sentencia el manual de campo de las fuerzas armadas estadunidenses Tácticas en contrainsurgencia que, además, anticipa que el campo de batalla será urbano y no rural como en el pasado.

Añade que esa lucha implica eliminar a los insurgentes que amenazan la seguridad y bienestar “de la población”. Admite que por sí solas las unidades militares no pueden derrotar a la insurgencia, por lo que, describe, la contrainsurgencia debe involucrar “todas las acciones políticas, económicas, militares, paramilitares, sicológicas y cívicas que puedan ser tomadas por un gobierno para lograr su objetivo”.

Desde su primer capítulo, el manual pone el acento en que gran parte del trabajo del ejército, de las fuerzas armadas y de los gobiernos radica en descubrir y solucionar “los asuntos subyacentes en la población que son las causas de raíz de su insatisfacción”: el desempleo, un liderazgo opresivo o tensiones raciales. Explica también que para solucionar esas causas, los líderes tácticos de la contrainsurgencia deben negociar acuerdos, operar con agencias no militares, orquestar acuerdos políticos y conocer “la voz de la calle”.

Considera que para derrotar a la insurgencia es “vital” evitar la creación de nuevos insurgentes, por lo que se les debe forzar a terminar su participación “cueste lo que cueste”. Y esto se logra a través de las Operaciones Coin –como las denomina el manual–, que incluyen programas de asistencia en seguridad, programas de ventas de equipos militares extranjeros, de financiamiento extranjero militar y apoyos internacionales de entrenamiento y educación militar.

De acuerdo con la visión del siglo XXI del Pentágono, que figura en el nuevo manual, la insurgencia es un movimiento organizado dirigido a derrocar a un gobierno constituido, a través del uso de la subversión y del conflicto armado. Asegura que la clave distintiva entre una insurgencia y otros movimientos es “la decisión de usar la violencia para alcanzar sus objetivos políticos”, con lo que una insurgencia es, típicamente, una lucha interna dentro de un Estado, no entre Estados. Ahí será normal una lucha política y militar prolongada, destinada a debilitar el poder gubernamental existente, el control y la legitimidad, mientras que se incrementa el poder de la insurgencia, control y legitimidad.

En su numeral 1.1, el manual afirma también que la mayoría de las insurgencias “se han limitado a regiones locales o países específicos”. Sin embargo, las comunicaciones instantáneas ahora permiten a los insurgentes y a sus líderes comunicarse en todo el mundo para encontrar apoyo a su causa y para apoyar causas que consideran compatibles con sus propios objetivos. Estima que las fuerzas externas, incluyendo las naciones-Estado, pueden apoyar una insurgencia por su mismo beneficio; “ellas también pueden oponerse a una nación-Estado competidora que apoya al gobierno existente” y, como resultado, las insurgencias modernas pueden, a menudo, cruzar múltiples países.

Luego de definir lo que entiende por insurgencia y sus formas de expresión, el manual se ocupa de la ideología de estos grupos. Aunque en 2009 el comunismo ya no figura como un enemigo, sí se establece que los insurgentes “usan su ideología” para mostrar a la población que pueden dirigir y brindarles lo que el gobierno no logra hacer.

Apunta que la ideología insurgente intenta dar una visión de cómo una sociedad, incluyendo un sistema político y económico, deberían estructurarse. Por esa razón, señala el Pentágono, la ideología no debería confundirse con la estrategia insurgente, que es la manera en que los insurgentes intentan lograr el fin del gobierno.

Detrás de la portada verde del manual, se leen las 300 páginas que elaboró el Comando Estadunidense de Entrenamiento y Doctrina, bajo el nombre en código “FM 3-24-2” y cuyo responsable es el general Dennis J. Reimer. Este oficial fungió como jefe de personal del ejército de Estados Unidos del 20 de junio de 1995 al 21 de junio de 1999, y hasta antes de su retiro, en agosto de 1999, dirigió el Instituto Nacional para la Prevención del Terrorismo en la ciudad de Oklahoma.

Aunque algunas de las páginas del documento permanecen en blanco como efecto de la censura castrense, este manual amplía los conceptos de contrainsurgencia que manejó su antecesor, el FM 90-8 de diciembre de 2006 y que en su momento se convirtió en un best seller –como señala el responsable de la desclasificación de documentos de seguridad en la Federación de Científicos Americanos (FAS, por sus siglas en inglés), Steven Aftergood–, pues fue el primero en salir del Pentágono al concluir la Guerra Fría. Asimismo, se le integraron partes del manual FM 100-20, como el concepto del ejército sobre el espectro total de las operaciones y todos los elementos de la contrainsurgencia.

El nuevo manual “circuló antes como una versión preliminar y luego, abruptamente, fue retirado del acceso público y ahora ese proceso de retiro terminó para quedar formalmente liberado”, completa el representante de la FAS. Así, la versión pública de Tácticas en contrainsurgencia permite conocer la concepción que en pleno siglo XXI tiene el comando estadunidense de las tácticas para combatir a la insurgencia.

La premisa reiterada del documento es que cada contrainsurgencia “es única” y, por tanto, sus líderes deben usar siempre su buen juicio, paciencia táctica e innovación para derrotar a la insurgencia. Asimismo, juzga que en virtud de que el ejército de Estados Unidos continúa sus “pesadas batallas contra la insurgencia alrededor del mundo”, las unidades tácticas deben asegurarse el apoyo de la población, lograr la unidad del esfuerzo y aprender y adaptarse más rápido al medio que los insurgentes.

Indica que en la lucha contrainsurgente, las unidades tácticas estadunidenses “aprenden y se adaptan” mientras descubren más acerca de sus propias fortalezas y limitaciones, así como las fortalezas y limitaciones del gobierno de la nación anfitriona, la población y los insurgentes. Adicionalmente, avanza la teoría de que “en contrainsurgencia el lado que aprende más pronto y se adapta más rápidamente –la mejor organización para el aprendizaje– es el que usualmente gana”.

El campo de batalla

De acuerdo con el numeral 1-7, la explosión demográfica –de 2.5 mil millones de personas en 1950 a 6.5 mil millones en 2008– brinda oportunidades a la insurgencia para ocultarse entre la población y le asigna como “premio” ganarse su apoyo en la guerra contrainsurgente. De continuar el incremento poblacional, los gobiernos lucharán para proveer a sus ciudadanos de comida, agua, energía, y un clima confuso que dará oportunidad a los grupos potencialmente insurgentes para explotar a una población vulnerable.

 

La urbanización, vista como el desarrollo de las zonas urbanas, debido al crecimiento poblacional y a la migración rural, avanza a un ritmo tal que en 2008 vivía en zonas urbanas casi el 50 por ciento de la población mundial, contra lo que ocurría en 1950 cuando apenas vivía en ciudades el 29 por ciento de las personas. Esa tendencia permite a los estrategas estadunidenses anticipar que, para 2050, el 60 por ciento de los habitantes del planeta residirá en ciudades, con lo que “existe un alto potencial” para que las futuras insurgencias nazcan, se nutran y se combatan en zonas urbanas.

Finalmente, el numeral 1-9 ve en la globalización otro factor que determinará, en el futuro, el brote de insurgencias en las ciudades, al ser ésta una combinación de fuerzas tecnológicas, económicas, sociales, culturales y políticas que llevan a las naciones-Estado y a su gente a convivir más cerca. Podrían brotar conflictos a nivel global de no reducirse la brecha de pobreza entre las naciones pobres y ricas, de aumentar la demanda por recursos y de agravarse el cambio climático.

En la estrategia urbana, los insurgentes atacan blancos gubernamentales con la intención de que las fuerzas gubernamentales reaccionen contra la población. Los insurgentes buscan que las medidas represivas gubernamentales “enfurezcan al pueblo para que entonces ellos asciendan, apoyen a la insurgencia y derroten al gobierno”. Aunque esa estrategia puede comenzar sin apoyo popular, su éxito descansa casi exclusivamente en una chispa de rabia que se enciende espontáneamente.

Sin embargo, cuando ocurre una insurgencia en una zona urbana, eso no significa necesariamente que utilice la estrategia urbana. El manual ejemplifica que el 1 de noviembre de 1954 el Frente de Liberación Nacional de Argelia utilizó una forma de estrategia urbana al lanzar una serie de bombardeos y ataques que causaron significativas bajas civiles con intención de golpear a los franceses durante las negociaciones de paz.

Las acciones de la estrategia urbana a menudo son predecibles y poseen estas características: los insurgentes utilizan “ataques terroristas” que esperan sean visibles y produzcan muchas víctimas. “Su verdadera intención no necesariamente es causar temor o terror, sino provocar la sobrerreacción del gobierno”. Por otra parte, la propaganda insurgente se enfoca en la brutalidad gubernamental. Además, “llama la atención” que la organización política insurgente “hace poco o ningún esfuerzo” por subvertir el gobierno desde adentro.

Ante el aumento del poder urbano de la insurgencia, el manual recomienda a la nación anfitriona poner atención en el riesgo potencial de los múltiples grupos insurgentes, las organizaciones no gubernamentales y una población local dividida en varios grupos étnicos. Para enfrentarlos, propone “un plan contrainsurgente de largo alcance para que una unidad táctica combine operaciones ofensivas, defensivas y de estabilidad”, y define siete “líneas de esfuerzo” para la operación de contrainsurgencia: 1) establecer la seguridad civil; 2) establecer el control civil; 3) apoyar a las fuerzas de la nación anfitriona; 4) apoyar a la gobernabilidad; 5) restaurar los servicios esenciales; 6) brindar apoyo económico y desarrollo de infraestructura; y 7) reducir el riesgo en el intercambio de información.

Conforme al manual, esas siete líneas “son críticas” para establecer la unidad de esfuerzo en las acciones que llevan a cabo las unidades estadunidenses, las fuerzas de seguridad de la nación anfitriona y el propio gobierno. También anticipa que el rango de esas acciones oscilan desde “el asesinato o captura de una célula insurgente, conocida por emplazar artefactos explosivos improvisados, hasta en la atención al desempleo en una zona o publicitar la apertura de una instalación de saneamiento de agua”.

En la lucha contra la insurgencia, las unidades tácticas pueden conducir una amplia variedad de operaciones, describe este manual. Desde establecer un cordón combinado y operaciones de búsqueda de insurgentes, junto con las fuerzas de seguridad de la nación anfitriona, llevar a cabo una operación médica para vacunar a un niño contra una enfermedad en un caserío, hasta emprender un proyecto que comunique a un poblado con una carretera. De igual manera, la contrainsurgencia está detrás del mensaje de “un locutor que informa a una villa sobre una reciente reunión de consejo”.

Naciones anfitrionas

Tácticas de contrainsurgencia describe los vínculos entre los asesores y fuerzas armadas de Estados Unidos con sus contrapartes de la nación anfitriona en la que se llevarán a cabo las operaciones Coin.

Si el ambiente político es “crítico”, se recomienda que la contrainsurgencia atienda no sólo al sistema político formal (de los partidos políticos y funcionarios electos), sino también a los informales (como las tribus, grupos étnicos y otros centros de poder), pues la insurgencia es “fundamentalmente una lucha por el poder político”.

Entre las naciones que han aceptado la colaboración de las fuerzas armadas estadunidenses en su lucha contrainsurgente están: Nicaragua, Cuba, Panamá –con sus bases militares–, Ecuador, República Dominicana, Grenada y Colombia, con la “lucha antidrogas”. El Departamento de Defensa anticipa que el éxito de largo plazo de la Operación Coin se basa en los esfuerzos políticos: “Todos los contrainsurgentes deben enfocarse en el impacto político de sus acciones”.

Esta guía táctica subraya que uno de los grandes objetivos de la insurgencia es influir a la opinión pública contra la idea de que Estados Unidos es una “fuerza de contrainsurgencia” en las naciones anfitrionas, por lo que “los contrainsurgentes exitosos deben no sólo evitar que los insurgentes obtengan el triunfo, sino también trabajar activamente para influir a la opinión pública para la misión Coin”.

El rango político de los gobiernos con los que colaboran las fuerzas estadunidenses contrainsurgentes es muy amplio, por lo que los comandantes deben estar preparados para operar en todos. “La forma de gobierno de la nación anfitriona puede oscilar de una dictadura despótica a una combatiente democracia”, cita. Por esa razón, los comandantes de todos los niveles, incluyendo a los líderes de pelotones y comandantes de compañías, necesitan reconocer la importancia de establecer y reforzar a la nación anfitriona como la autoridad líder para todas las operaciones. Esto refuerza la legitimidad del gobierno de la nación anfitriona.

En el plano operativo, el numeral 8-23 del manual indica que los comandantes de las unidades de asesores deben “medir y evaluar” a las fuerzas de seguridad de la nación anfitriona, además de trabajar muy cerca con ellas para aquilatar su calidad. Luego de esa evaluación, los planificadores desarrollarán programas y objetivos de corto, mediano y largo plazo, y un resultado de ese ejercicio es el que permite determinar “si algunas de esas fuerzas armadas son tan disfuncionales o corruptas que deben desmantelarse en lugar de ser rehabilitadas”, indica la guía. Sin embargo, prevé que, en algunos casos, los comandantes necesitarán reemplazar a algunos líderes de la nación anfitriona antes de que sus unidades sean totalmente funcionales.

Esa manera de “aquilatar y recomponer a las fuerzas de seguridad” de la nación anfitriona no comenzó en Irak y Afganistán, indica el manual. En 1898 ocurrió algo similar al comienzo de la guerra filipino-americana que no era popular entre los estadunidenses y aún así “resultó en una república filipina estable y libre, luego de establecerse el alguacil filipino”, el 8 de agosto de 1901, a cargo del capitán Henry T. Allen. Él organizó, capacitó, equipó y armó a los hombres que asistieron al ejército de Estados Unidos en el combate de los revolucionarios filipinos. La figura de la cuadrilla de alguaciles o de una guardia civil fue el instrumento para “derrotar a la insurgencia”, y originalmente estuvo bajo comando estadunidense y lentamente los filipinos tomaron las operaciones de esa unidad.

Sintetiza que, en un nivel táctico, inicialmente los alguaciles utilizaron las crecientes fuerzas estadunidenses y se movieron hacia su propia zona de operaciones, para crear cada vez más posiciones que sirvieran al ejército y, aunque pobremente armados con pistolas y revólveres, los alguaciles pronto mantuvieron a salvo a provincias enteras.

Detrás del triunfo de uno u otro bando está la atención a la población de la nación anfitriona, así como la evaluación del estado de su infraestructura. En este rubro, la guía táctica describe la necesidad de identificar a un responsable en cada grupo demográfico que sea capaz de atender lo que se requiera, “para salvar, sostener o mejorar la vida” antes, durante y después de la lucha contrainsurgente.

Puentes, torres de comunicaciones, plantas de poder y represas son importantes para los comandantes que evalúan su utilidad, así como iglesias, mezquitas, bibliotecas nacionales y hospitales, pues son sitios culturales y juegan un rol importante para la comunidad. De igual manera, se examinan las prisiones, bodegas, imprentas, estaciones de radio y televisión.

En la lucha contrainsurgente se estudia también la habilidad de las autoridades locales para proveer a los ciudadanos con servicios clave, tales como administración pública, seguridad pública, servicios de emergencia y alimentos, antes, durante y después de las operaciones contrainsurgentes. Asimismo, las fuerzas de asesores evalúan las capacidades, es decir, los recursos y servicios que puede necesitar la población “después de operaciones de combate”, tales como salud pública, economía y comercio.

Adicionalmente, esas capacidades se refieren a otros recursos y servicios que pueden ser contratados para apoyar a la misión militar: intérpretes, servicios de lavandería, materiales de construcción y equipamiento. En algunos casos, la nación anfitriona u otras naciones pueden proveerlos, aunque “los comandantes y su personal analizan las capacidades desde diferentes perspectivas”. El nuevo manual no explica el éxito que tuvieron contratistas como Halliburton y Kellog & Brag para atender a las tropas estadunidenses estacionadas en Irak, en cuanto al aseo de su indumentaria, el servicio postal y el abastecimiento de gasolina.

Entre Pancho Villa e Irak

Al analizar los cambios doctrinarios sufridos por el ejército de Estados Unidos a lo largo del tiempo, el manual describe que por más de dos siglos “el ejército estadunidense ha sido llamado a derrotar insurgencias”, como la rebelión del whisky en el oriente estadunidense, la de los indígenas del norte del continente en las planicies occidentales, la rebelión de los Boxers en China, las luchas de Pancho Villa, en México, a Augusto Sandino, en Nicaragua, y al Vietcong, en Vietnam.

Como resultado de la creciente complejidad del mundo de la Guerra Fría, los gobiernos se enfrentaron al desafío de mantener su tenue control ante las insurgencias que, una vez organizadas y fortalecidas, optaron por la vía armada; de ahí que las fuerzas estadunidenses condujeron operaciones de contrainsurgencia a lo largo del mundo: en Colombia, Somalia, Kosovo, Afganistán, Filipinas e Irak.

Entretanto, la contrainsurgencia que libra en Irak y Afganistán ha sido fallida, de acuerdo con Jorge Mariscal, veterano de la Guerra de Vietnam. “La línea oficial del Pentágono es que sus teorías de la contrainsurgencia no han fracasado en absoluto y ponen como ejemplo principal el mal llamado ‘surge’ (levantamiento popular) en Irak”.

El especialista en cultura chicana de la Universidad de California, ubicada en San Diego, observa que las fuerzas estadunidenses no mencionan que en ese país “tenían que pagar a los insurgentes sunitas para que dejaran de luchar”, pues están convencidos de que su teoría es factible y piensan aplicarla en Afganistán.

Para el académico de origen latino, el énfasis de la lucha contrainsurgente radica en lo que los estadunidenses llaman “competencia cultural”, donde los soldados se convierten en “antropólogos” para poder ganar “los corazones y las mentes” del pueblo ocupado y que son “resonancias de los sacerdotes españoles durante la conquista de México”.

Respecto del manual Tácticas de contrainsurgencia, dice que es “un caso del imperialismo con la cara humana, y temo que la administración (de Barack) Obama y los suyos lo han aceptado como su filosofía oficial”. (NE)

Destino: América Latina

El más reciente manual sobre táctica contrainsurgente apunta hacia la nueva estrategia regional estadunidense. Para el investigador especialista en fuerzas armadas, Jorge Luis Sierra, actualmente Estados Unidos reúne al narcotráfico, terrorismo y guerrilla bajo el mismo concepto de insurgencia.

Apunta que la tesis que está de por medio es que esas organizaciones comparten tácticas y estrategias, además de mecanismos de financiamiento y espacios de operación. “Este nuevo rostro de la contrainsurgencia va a tener un impacto profundo en la configuración de las fuerzas armadas de Estados Unidos y por consiguiente también en las de Medio Oriente, Asia Central y América Latina”, explica.

El también autor de la investigación El enemigo interno: fuerzas armadas y contrainsurgencia en México estima que, bajo esa perspectiva, para América Latina el problema es doble: primero, porque el narcotráfico persiste a pesar de la estrategia de atacar la fuente de producción de narcóticos, que ha seguido Estados Unidos durante más de 20 años. Segundo, porque la insurgencia también persiste. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no han sido totalmente destruidas, Sendero Luminoso está dando muestras de un resurgimiento y los movimientos armados mexicanos, principalmente el Ejército Popular Revolucionario están en estado latente y sus direcciones estratégicas intactas.

Sierra dice que si predomina la inclinación por una solución exclusivamente militar y se hacen a un lado componentes sociales y políticos de largo plazo, entonces es posible que las insurgencias latinoamericanas involucionen hacia el terrorismo, y la presión estadunidense en la región alcance niveles muy altos de intensidad. En este contexto, América Latina, y particularmente México, puede ser motivo de una estrategia por estratos, en donde Estados Unidos aplica diferentes niveles de intervención diplomática y militar que pueden ir desde la promoción de acuerdos de cooperación, el establecimiento de asesorías y bases militares en los países de la región y, finalmente, la entrada de tropas.

TORTURA E IMPUNIDAD

La tortura es la producción intencional de un daño físico, mental, familiar, comunitario y social, causado desde el poder del Estado, con el fin de lograr conductas que de otra manera no se producirían.

Este daño ha sido definido como un delito de lesa humanidad por las legislaciones nacionales de casi todos los países del mundo (con excepción de los EEUU e Israel), así como por diversos convenios y tratados internacionales.

Cuando los perpetradores de este daño no son castigados, cuando hay impunidad, se combinan dos delitos: la tortura y la impunidad; estos delitos son cometidos por servidores de los gobiernos, con la aceptación y el aprovechamiento de sus efectos por parte de los dueños del gran capital (financiero, oligárquico) y por otros sectores minoritarios, pero poderosos del Estado, así como por las capas medias reaccionarias de la población.

La conducta inmediata más importante que se produce por la tortura es el terror, que neutraliza la voluntad de las personas y las colectividades. Más adelante, la tortura busca la destrucción de la persona torturada, con lo cual se intensifica el terror en el entorno social de esa persona. Por ello, la combinación de esos dos delitos, la tortura y la impunidad, sumados al efecto de los mensajes emitidos por los grandes medios de comunicación, producen una situación de terror generalizado, conocido como TERRORISMO DE ESTADO.

El terrorismo de Estado es, hoy, un recurso del gran capital y de su Estado, cuando ya no tiene argumentos que disminuyan la inconformidad social causada por la explotación, la opresión, el saqueo y la destrucción de la naturaleza. Así, es un recurso de las dictaduras de los propietarios del gran capital, ya instituidas o en formación.

En otras palabras, la oligarquía y su Estado usan a la tortura – combinada con impunidad y con los medios de comunicación – contra el pueblo. El terrorismo de Estado es un arma de la lucha de clases para imponer la voluntad de los dueños del capital sobre el resto de la población.

En las sociedades actuales, la instauración de la dictadura parte de la contradictoria violación de las leyes pre-existentes. Para ello, los sectores dominantes – los grandes propietarios de capital – establecen redes de complicidad entre los políticos, los jueces, los militares y policías, los altos funcionarios de las iglesias, los medios de comunicación masiva y los profesionales directamente involucrados en la tortura: médicos, psicólogos, abogados, antropólogos, etc.

Esto es lo que ha sucedido durante el nazifascismo, en las dictaduras del Cono Sur y en Centroamérica; Es lo que está sucediendo de manera intensificada en todos los territorios del mundo afectados por la política imperial de los EEUU a partir del 11 de septiembre de 2001.

En México al igual que en el resto del mundo capitalista, los nombres de los sobrevivientes y de los muertos por la tortura son, con raras excepciones, nombres de trabajadores, de indígenas, de estudiantes, de luchadoras y luchadores sociales. Y los nombres de los torturadores pertenecen a los sirvientes del capital: a presidentes, gobernadores, jueces, policías, oficiales del ejército y profesionistas cómplices.

La lista de l@s torturad@s y de los perpetradores impunes en México es larga, muy larga.

 

 

Así que a continuación se transmite sólo una pequeña parte.

 

 

- Tlaltelolco, 1968. Miles de estudiantes torturados y masacrados. Responsable: Luís Echeverría Álvarez. Nadie ha sido castigado.

- Oaxaca 1996-98.155 indígenas zapotecos torturados y encarcelados, 22 ejecuciones extrajudiciales, 22 desapariciones forzadas. Responsables: Diódoro Carrasco Altamirano, Lucio Esteban Vázquez Ramírez. Nadie ha sido castigado.

- Oaxaca, 1997- 2003. Marcelino Santiago Pacheco, indígena miembro de la OPIZ. Encarcelado 5 años, absuelto por inocencia, torturado, 2 veces desaparecido. Responsables: Diódoro Carrasco Altamirano y los que resulten. Nadie ha sido castigado.

- Distrito Federal, 2001. Digna Ochoa y Plácido. Defensora de los derechos humanos. Torturada y ejecutada. Responsables: Rogaciano Alba Álvarez, Rafael Macedo de la Concha, Vicente Fox Quezada, Gerardo Clemente Vega García, José Luís Soberanes Fernández. Nadie ha sido castigado.

- Ciudad Juárez, 2001-2005. Víctor García Uribe. Taxista. Torturado, encarcelado 5 años y absuelto. Gustavo González Meza. Taxista. Torturado, encarcelado y asesinado. Responsables: José Reyes Baeza Terrazas, Rafael Macedo de la Concha, Alberto Vázquez Quintero y los que resulten. Nadie ha sido castigado.

- Atenco, 2006. 2 asesinados, 47 mujeres y 160 hombres torturad@s, 3 líderes en una cárcel tumba con una condena arbitraria equivalente a 2 vidas. Casi tod@s integrantes de la Otra Campaña o del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra. Responsables: Enrique Peña Nieto, Vicente Fox Quezada, Wilfrido Robledo Madrid, Abel Villicaña, Eduardo Medina Mora, Miguel Ángel Yunes Linares. Nadie ha sido castigado.

- Zongolica, 2007. Ernestina Ascensión Rosario. Indígena. Torturada, violada, asesinada. Responsables: Guillermo Galván Galván, José Luís Soberanes Fernández, Felipe Calderón, soldados del 63 Batallón de infantería. Nadie ha sido castigado.

- Oaxaca, 2006-2007. Incontables miembros de la APPO. Torturados masivamente, desaparecidos, asesinados, encarcelados. Responsables: Vicente Fox Quezada, Ulises Ruiz Ortiz, Bulmaro Rito Salinas, Heliodoro Díaz Escárraga, Lino Celaya Luria, Manuel Baráibar Constantino, Roberto Lara Hernández y los que resulten. Nadie ha sido castigado.

- Oaxaca, 2007. Emeterio Merino Cruz Vasquez, integrante de CODECI-Xanica. Torturado. Responsable: Ulises Ruiz. Nadie ha sido castigado.

- Guerrero, 2009. Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía. Defensores de los DDHH de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco. Indígenas. Torturados y ejecutados. Responsables: Rogaciano Alba Álvarez y los que resulten. Nadie ha sido castigado.

 

- Guerrero, 2009. Javier Torres Cruz. Campesino integrante de la Organización Ecologista de la Sierra de Coyuca y Petatlán. Desaparecido, torturado y acosado. Responsables: Rogaciano Alba Álvarez, Nadie ha sido castigado.

 

Nadie ha sido castigado… pero llevamos la cuenta.

 

enlace_latinoamericano@yahoo.com.mx

REPUDIO TOTAL AL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

A más de una semana de que el Ejército y la oligarquía hondureños consumaron un golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, los diversos intentos por restituir el orden constitucional en ese país y reinstalar al Presidente Zelaya en su puesto no han tenido éxito, debido principalmente al empecinamiento de los golpistas y a la violenta represión que han ejercido en contra de los manifestantes que han exigido el retorno de su Presidente Constitucional.

Es por ello que reiteramos las demandas que expresamos la semana pasada, a las que agregamos otras, motivadas por la situación que priva en estos momentos.

Las organizaciones que suscribimos este documento demandamos:

La restitución inmediata e incondicional del presidente constitucional Manuel Zelaya.

Aparición con vida de todos los desaparecidos y desaparecidas durante esta asonada y libertad a todas las y los presos políticos.

Respeto absoluto a los derechos humanos del pueblo hondureño.

Respeto a la libertad de prensa, manifestación y organización de la sociedad hondureña.

Que el gobierno mexicano, en congruencia con su desconocimiento del gobierno de facto instalado en Honduras, se niegue a venderle los hidrocarburos solicitados por ese gobierno y en general a brindarle cualquier tipo de ayuda que le permita mantenerse operando, y asimismo brinde toda la asistencia diplomática y humanitaria que cualquier miembro del gobierno constitucional hondureño, incluyendo al Presidente Zelaya, pueda necesitar, en tanto se restablecen los poderes constitucionales en Honduras

Que el gobierno estadounidense reconozca oficialmente y de manera explícita que, en Honduras se produjo un Golpe de Estado, con lo que se obligará a suspender todo tipo de ayuda al gobierno de facto, hasta que se restituya al Presidente Constitucional Manuel Zelaya.

Hacemos un llamado a los trabajadores, campesinos, estudiantes y pueblo en general a solidarizarnos con la resistencia que hoy sostiene el pueblo hondureño por restablecer la democracia en su país; porque lo que está en juego no sólo es el futuro de los hondureños sino de los pueblos de América Latina, en su lucha por un mundo más justo.

UN DÓLAR POR HONDURAS EN RESISTENCIA. La resistencia hondureña necesita apoyo económico para poderse mantener activa, ya que sus traslados y volanteos les originan gastos, que en las condiciones actuales les es muy difícil cubrir. Contribuye con lo que puedas.

 

Organizaciones firmantes:

Alianza de Organizaciones Sociales

Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)

Asociación de Padres y familiares de las víctimas de Sucumbíos, Ecuador

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de productos del Campo (ANEC)

Bloque Democrático de Azcapotzalco

CECOP-La Parota

Centro de Investigación Laboral y Asesoria Sindical (CILAS)

CGH-HoChi Minh

Círculo Moralista Bolivariano de Ecatepec, CIMOBE

Comité Civil Hollín Mexica

Comité Cuba no está sola

Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño.

Comité Nacional de Estudios de la Energía

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA, A. C.)

Comunitario de Democracia Directa, A. C.

Consejo General de Huelga CGH-HoChi Minh UNAM

Convención Nacional Democrática, D. F.

Coordinadora mexicana de organizaciones solidarias con la República bolivariana de Venezuela

Corriente en Lucha

Democracia Directa, A. C.

Democracia Oaxaca, adherentes de la APPO

Dignidad Ciudadana

Epicentro Cultural Manuelita Saenz

Frente Nacional Contra la Represión

Frente Popular Francisco Villa

Grujo de Acción Revolucionaria

Grupo Democracia Revolucionaria

Grupo Democracia Revolucionaria (GDR)

Grupo Tacuba

Izquierda Democrática Nacional

Juventud de Izquierda Int. PRD

Marcha Mundial de las Mujeres

Movimiento de Lucha Popular

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

Movimiento Nacional por la Esperanza

Mujeres para el Diálogo, A. C. (MpD)

OPC-CLETA

Petroleros Técnicos y Profesionistas

Partido Popular Socialista, PPS

PRD-DF

PRD, Secretaría de Relaciones Internacionales

Promotores Vecinales con Dignidad de la Subsecretaría de Participación Ciudadana del GDF

Promotores Vecinales con Dignidad

Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)

Red Nacional Género y Economía (REDGE)

Rumbo Proletario

SICSAL

Siembra, A. C.

Sociedad Organizada en Lucha (SOL)

SUTIEMS

Unión de Juristas de México

Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP)

 

Este documento recoge exigencias básicas a los tres poderes del gobierno mexicano, en relación al descuido y la corrupción criminales que provocaron la tragedia de la guardería ABC. Si estás de acuerdo, por favor fírmalo y reenvíalo a tus amigos y conocidos.

 

En caso de que te toque el número 100 o un múltiplo de 100, por favor envía la lista a: contralaimpunidad100@yahoo.com  y continúa la circulación a tu red de contactos.

 

Dirigido a:

 

-SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

-PROCURADURÍAS GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL ESTADO DE SONORA y DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA

-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

-COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS > HUMANOS

-UNICEF

-ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

-CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

Ciudadanos y ciudadanas, sin partido político y sin otro interés que luchar contra la impunidad y acompañar a los familiares de las pequeñas víctimas del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, nos adherimos a la siguiente demanda.

 

 

  Exigimos:

 

  -Más guarderías dignas y seguras.

  -Se declare inconstitucional la subrogación en este delicado campo de la seguridad social.

  -Respeto al derecho de las madres y los padres trabajadores de contar con un servicio de guardería que proteja la vida y propicie el desarrollo integral de los infantes.

  -Cárcel para los culpables e inhabilitación vitalicia para los funcionarios responsables del incendio en la guardería ABC de Hermosillo.

  -La entrega inmediata de las lista de los dueños de las guarderías subrogadas.

  -Apoyo de por vida, médico y  psicológico, para los niños y las niñas en tratamiento así como a los familiares de todas las víctimas de esta tragedia.

  -Revisión inmediata de la legislación en materia de guarderías desde una perspectiva que enfatice los aspectos educativo y de seguridad social e impida que éstas sean manejadas como meros negocios.

  -Reforma de los códigos penales para que la negligencia, cuando afecte la vida o la integridad física o psicológica de niños y niñas, sea considerada “delito grave”.

 

 

¡Por nuestros niños y niñas: Contra la impunidad!

 

 

> 1.- Olga Durón

> 2.- Esther Cimet Shoijet

> 3.- Andrea Bárcena, Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia

> 4.- Raquel Bárcena, Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia

> 5.- Patricia Bárcena, Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia

> 6.- Mireya Cueto

> 7.- Vicenta Hernández Haddad

> 8.- Mujeres Aportando a Mujeres, A.C.

> 9.- Aurora Montaño

> 10.- Verónica Ortiz Lawrenz

> 11.- Hebe Rosell

> 12.- Berta Hiriart

> 13.- Guadalupe Lozada

> 14.- Ofelia Quijano

> 15.- Jesús Anaya Rosique

> 16.- Beatriz Zalce

> 17.- Rosina Conde

> 18.- Dana Gelinas

> 19.- Angélica de Icaza

> 20.- Irma Gallegos

> 21.- Guadalupe Lara

> 22.- Patricia Vega

> 23.- María Alicia Haddad

> 24.- Aidé Grijalva

> 25.- Paloma Saiz Tejero

> 26.- Alma Cázares Ruiz

> 27.- Carlos Anaya Rosique

> 28.- Elia Baltasar

> 29.- José Luis Flores

> 30.- Armando Vega Gil

> 31. Maru Uhthoff

> 32. Guadalupe Menes

> 33- Coral Aguirre

> 34.- Gloria Rodríguez Sayún

> 35. Mónica Portnoy

> 36-Virginia Krasniansky

> 37-Vanesa González-Rizzo

> 38. Maria Ezcurra Lucotti

> 39.- Ana Rosen

> 40 - Hilda Ferlini

> 41 - Inés Ramos G.

> 42 - Alcira Fridman

> 43.- María Luz Casal Pagés

> 44.- Ma. Soledad Melesio Nolasco>

> 45.- Juan Francisco Urrusti

> 46.- Ana Piñó Sandoval

> 47 Sarah Minter

> 48.- Berta Kolteniuk

49.- Luz Elena de la Hidalga Ledesma

50.- Carlos Monter S.

51. Frente Nacional Contra la Represión