fncr07@gmail.com
Marcha por
Atenco
Campaña Nacional e Internacional
LIBERTAD y justicia para ATENCO
EL
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE
LA TIERRA
CONVOCA
A
todas las comunidades, las
organizaciones sociales,
sindicales, civiles y a todos
las personas en lo individual
por los tres años de la
represión en Atenco del 3 y 4 de
mayo de 2006, a la
MARCHA DEL 4 DE JUNIO
Que partirá a las 8 de la mañana
de San salvador Atenco, pasando
por la carretera federal hasta
el Ángel de la Independencia a
la Secretaría de Gobernación a
las 16 hrs.
1)
Libertad de los 12 presos
políticos de Atenco, 2)
Cancelación de las órdenes de
aprehensión de los perseguidos,
3) Revocación y anulación de las
sentencias, 4) Respeto
irrestricto de los derechos
humanos de los detenidos y
perseguidos; 4) Castigo a los
responsables de las violaciones
a los derechos humanos; 5) Alto
a la criminalización de los
movimientos sociales en México.
Hasta la victoria siempre.
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!
libertadyjusticiaparaatenco@gmail.com
Queremos invitar a toda la gente
y organizaciones sociales a
ayudar a difundiendo la
movilización del tercer
aniversario de la represión en
contra de Atenco que se
celebrará este 4 de junio a las
4 pm y partirá del Ángel de la
Independencia y pasará por la
PGR hasta llegar a la Secretaría
de Gobernación. Invitamos a las
personas, familias,
organizaciones y colectivos a
distribuir carteles de la
movilización en toda la zona
metropolitana. Existen varios
puntos de distribución donde
puedes pasar a recoger
propaganda. Los centros de
distribución son:
en
la zona norte las oficinas de la
Red Mexicana de Acción Frente al
Libre Comercio, responsable
Marco Antonio Velázquez
Navarrete, teléfono: 53551177;
en la zona sur los Talleres
Estudiantiles de la Facultad de
Ciencias (exactas)de la UNAM ,
responsable Melina González
Quintanar, teléfono 5531464110;
en la zona oriente local del
Frente Popular Francisco Villa
Independiente, responsable
Gabriel Ramírez , teléfono
5536351566; y el en la zona
centro la Sección IX de la CNTE
, responsable Francisco Bravo,
teléfono 5512656046. Pedimos por
favor se pongan en contacto con
los distintos responsables para
conocer la ubicación exacta de
cada centro. .
Pueden pasar por la propaganda a
partir de este lunes 1 de junio
después de las 2 de la tarde.
Comité Libertad y Justicia para
Atenco
Campaña Nacional e
Internacional.
jose.martinezcruz@gmail.com
ANTICONSTITUCIONAL LA
PARTICIPACION DEL EJERCITO EN
LABORES DE SEGURIDAD PUBLICA EN
MORELOS
Cuernavaca, Mor; 30 de mayo del
2009.
Desde que el gobierno de Felipe
Calderón sacó al ejército a las
calles, los índices
delincuenciales en todo el país
fueron a la alza, la violencia
se apoderó de las ciudades y las
ejecuciones y los
enfrentamientos entre
delincuentes y militares se han
vuelto cotidianos, mucho más
cruentos y con mayor violencia,
lo que nos lleva a pensar que
esta clase de acciones son
meramente mediáticas, pero no de
resultados contundentes en
cuanto al combate al crimen
organizado.
Compartimos la opinión de la
Organización de las Naciones
Unidas en el sentido de
desaconsejar el uso del ejército
en labores de Seguridad Pública,
ya que la experiencia
internacional ha mostrado los
efectos contraproducentes que
conlleva utilizar a las fuerzas
armadas en tareas de seguridad
pública, además de que violentan
el estado de derecho, toda vez
que los retenes militares son
ANTICONSTITUCIONALES, violentado
no solo el estado de derecho
sino las garantías de las y los
habitantes de Morelos,
restringiéndoseles su derechos
al libre tránsito, a la
presunción de inocencia, a gozar
de la seguridad pública y a
vivir una vida libre de
violencia, entre otras.
En
la lucha contra el crimen
organizado, no se puede ni se
debe abrir paso a la violación a
los derechos humanos, lo que es
común en lugares donde el
ejército ha montado operativos.
"Las violaciones a los derechos
humanos son los posibles riesgos
que se presentan cuando se
utiliza una fuerza que está
capacitada para otras tareas,
para las cuales tiene una
capacitación específica, pero
debe tener una reglamentación
para poder actuar en otros
campos que no son de su propia
índole." la denuncia de
violaciones a los derechos
humanos cometidas por el
Ejército Mexicano en el sur del
Estado de Morelos,Tehuixtla y
otras comunidades del Municipio
de Puente de Ixtla,asi como el
como hostigamiento sexual en
contra de mujeres y niñas,
allanamientos, cateos y
detenciones arbitrarias son
denunciados al gobernador del
Estado y a la 24 ava. Zona
militar, sin que haya castigo a
los elementos militares y mucho
menos la intención de frenar la
miliatrización de la vida
cotidiana de las y los
morelenses.
EL
QUE LOS MILITARES ACTUEN CON
PASAMONTAÑAS ES TAMBIEN ILEGAL,
VIOLATORIO DE TODO DERECHO ASÍ
COMO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE
LA POBLACIÓN CIVIL, ya que esta
no puede defenderse al no estar
en posibilidades de identificar
a quienes la agreden, tampoco
podra alcanzar justicia.
También recordamos los casos
recientes de detenciones
arbitarias de los integrantes de
la ronda de Ocotepec, y la toma
ilegal de la procuraduría por
los militares, el cerco
policiaco militar al pueblo de
Coajomulco con la detención de
16 personas, la detención y
puesta a disposición de 34
policias de Yautepec
presentándolos como una red de
protección al narcotráfico y
liberándolos al día siguiente
por no existir elemento alguno
de prueba en su contra y todo
por actuar con base en una
denuncia anónima, instrumento
privilegiado por el gobierno
para actuar por encima de
cualquier ordenamiento legal,
como ejemplo está la detención
de los presidentes municipales
en Michoacán.
De
las múltiples denuncias que
hemos tenido conocimiento,
mencionamos las siguientes:
"Al llegar a mi casa estaban
afuera un camión militar con 20
sujetos armados, me detuvieron y
me pidieron que bajara de mi
auto, estaba sola, por que
estaban buscando a un
secuestrador y que tenían que
registrar o revisar mi coche. El
que me pidió que me bajara
estaba encapuchado. Dos
militares revisaban mi auto
mientras un sujeto encapuchado
me explicaba la razón de esta
medida. Decía que estaban
respondiendo a una denuncia de
que por la colonia vivía un
secuestrador; con esta
explicación también me enseñó
fotos del supuesto
"secuestrador" y de armas que
ellos han estado incautando. Me
pidió que me grabara la imágen
de este sujeto para que llamara
a un teléfono que me pidió que
anotara. Al final me dijo que ya
podía entrar a mi casa. Aunque
se que esta medida es
anticonstitucional y viola el
artículo 129 el temor no me dejó
actuar de otra manera". Mujer,
vecina de Jiutepec.
"El 29 de mayo del 2009 se
presentaron en mi domicilio un
grupo de aproximadamente 20
militares totalmente armados y
pidieron entrar al domicilio,
porque según ellos tenían un
aparato que les marcaba que ahí
había drogas. Como es un
condominio les dije que yo no
podía autorizar, les pregunté si
tenían una orden de cateo y
dijeron que no. Cuando llegaron
los vecinos se les permitió la
entrada (movidos por el temor a
los militares que han hecho
tantas arbitrariedades). Es una
área bastante grande, sólo
revisaron la entrada y alrededor
de una casa. Me pregunto qué
ganana con eso? Mi mamá que
tiene 76 años se puso muy
nerviosa y le dio taquicardia.Se
identificaron como el 21
Batallón de infantería" Mujer,
vecina de Jiutepec.
De
igual manera hemos conocido la
forma en que los militares han
tratado de impedir la labor de
las y los periodistas que
documentan el desarrollo de
operativos y detenciones
arbitrarias que están cometiendo
. Se les ha obstaculizado grabar
y fotografiar las acciones, en
donde los militares aparecen con
el rostro cubierto con
pasamontañas negros. Se les
intimida verbal y fisicamente
para que no lleven a cabo su
labor profesional de informar lo
que está ocurriendo. Se les
ordena mostrar y entregar el
material grabado y fotografiado.
y se les amenaza con quitarles
las cámaras y con que si no
obedecen se los va llevar.
Esta es otra violación a las
garantías y derechos humanos de
la población civil, LOS
MILITARES QUIEREN QUE LAS Y LOS
CIUDADANOS OBEDEZCAN, QUE SIN
DUDAR SE ACATAN SUS ÓRDENES Y
ESTO HA TRAIDO COMO CONSECUENCIA
AGRESIONES FÍSICAS Y VIOLACION
DE GARANTÍAS AL QUERER IMPONER
LA LEY MARCIAL A LA POBLACION
CIVIL Y AL NO TENER LA RESPUESTA
BUSCADA, LA VIOLENCIA POR PARTE
DEL MILITAR ES EL RESULTADO
FINAL.
Por lo anterior:
Condenamos estas acciones
intimidatorias contra la
población civil, así como hacia
periodistas que corren un riesgo
creciente al llevar a cabo su
trabajo de comunicación.
Hacemos un llamado a los
diputados locales y al ejecutivo
para que retiren al ejército del
estado y que exijan al
Secretario de Seguridad Pública
del Estado cuentas claras,y
acciones inmediatas para abatir
la delincuencia, toda vez que se
ha visto rebasado por ésta,
pedimos resultados inmediatos y
contundentes.
Dejamos en claro que no
compartimos el uso de militares
en labores de seguridad pública
ya que las fuerzas armadas son
una amenaza para las garantías
individuales y para el respeto a
los derechos humanos, porque no
están capacitadas para responder
a situaciones de orden interno.
Fuera el ejército de las calles
de Morelos. Que regresen a sus
cuarteles. Respeto al artículo
129 de la Constitución.
Atentamente
Centro de Derechos Humanos Digna
Ochoa
Comisión Independiente de
Derechos Humanos de Morelos
Con fecha 13 de diciembre de
2007 enviamos una queja ante la
CNDH donde incluimos los casos
más relevantes que hemos tenido
conocimiento y que agregamos a
continuación, sin que hasta la
fecha tengamos respuesta alguna.
y hoy de nueva cuenta nos
dirigimos a la CNDH porque este
tipo de violaciones a los
derechos humanos se siguen
presentando en el estado de
Morelos y no queremos que so
pretexto de la seguridad de
todas y todos los morelenses el
estado se vuelva cuartel.
ANTECEDENTES:
1. El día 11 de Diciembre de
la presente anualidad, se
instalaron retenes militares en
los límites el estado. La
explicación a estas acciones, a
decir de los militares, obedece
a que en el marco del Plan
Nacional de Seguridad Pública,
el operativo “Navidad Segura.”
Los trabajos de las diferentes
corporaciones policiacas se
coordinaran con la Policía
Federal Preventiva y el Ejército
Mexicano.
2. En 10 de diciembre de esta
misma anualidad, el Secretario
de Seguridad Pública del Estado,
Miguel Ángel Cabeza de Vaca,
declara que la presencia de los
militares obedece a una
coordinación con la federación y
en refuerzo de la seguridad en
el estado. Por lo que pudimos
constatar, en los retenes se les
pide a las personas que se
estacionen y se bajen de su
vehículo, después es revisado el
auto y si no se encuentra nada
irregular se les permite
continuar su marcha,
desconocemos hasta el momento si
tales acciones se realizan
conforme a la ley. Las
autoridades locales, gobernador
y legisladores, no han dado
ninguna información al respecto.
Dicen que esto es porque el
Presidente inicia el operativo
“Navidad Segura” y el refuerzo
de vigilancia es solo discreto,
para evitar que grupos de
inconformes se acerquen al
mandatario
3. Sin embargo, la
información sobre este
particular sigue sin fluir, no
existe según nosotros ningún
fundamento ni motivo para la
presencia militar en el Estado.
4. El gobierno del estado no
ha respondido a los llamados de
la ciudadanía para que explique
la presencia de retenes operados
por miembros del Ejército
Mexicano en tareas de seguridad
pública en algunos límites
municipales de Morelos, ni
tampoco ha aclarado si se trata
de efectivos provenientes de la
federación o si son integrantes
de la zona militar destacada en
la entidad. Mucho menos se han
justificado las razones por las
cuales la milicia está aplicando
en las revisiones a vehículos la
Ley de Armas de Fuego y
Explosivos.
5. El 24 de Mayo del 2007
estuvo de visita, en Morelos, el
ombudsman nacional, José Luis
Soberanes Fernández, quien
destacó en su discurso que es
urgente que las autoridades
hagan valer el respeto a la ley
para recuperar la tranquilidad y
garantizar la seguridad en las
calles, e impedir que la
delincuencia organizada ponga en
riesgo la soberanía del país.
Destacó que el Ejército Mexicano
debe regresar paulatinamente a
sus cuarteles. El ombudsman
nacional lanzó su mensaje a los
tres niveles de gobierno
responsables de la seguridad
reiterando que “todos los días
hay víctimas y pérdidas de vidas
humanas, acciones que crean un
ambiente de zozobra e impotencia
en la sociedad”, y que no debe
cederse a “la vieja idea
autoritaria de ser eficaces
contra el hampa por encima del
estado de derecho y la dignidad
humana”.
6. Pero las autoridades en
Morelos, encabezadas por el
mandatario Marco Adame Castillo
se han negado a poner en claro
la instalación de retenes
militares y a demostrar con
diagnósticos válidos las razones
para esas medidas.
7. Las razones y las quejas
de la población y de autoridades
como la del presidente municipal
de Jantetelco, que aunque de
forma suave, se atrevió a decir
que en su región no es necesaria
la presencia del Ejército
Mexicano para garantizar la
seguridad de la ciudadanía, ya
que son suficientes los retenes
permanentes que realiza el
ayuntamiento, aunque éstos
también sean ilegales y
violatorios de las garantías
consagradas en el Acta Magna.
CONSIDERACIONES DE DERECHOS
HUMANOS.
PRIMERO.-El derecho a la
libertad de circulación, tiene
como bien jurídico a tutelar la
libertad de todo individuo que
se encuentre de manera legal en
territorio nacional para viajar
o circular libremente. Su
fundamentación jurídica, la
encontramos en el Artículo 11 de
la Constitución General de la
República, que al efecto
establece:
“ART 11 Todo hombre tiene
derecho para entrar en la
república, salir de ella, viajar
por su territorio y mudar de
residencia, sin necesidad de
carta de seguridad, pasaporte,
salvoconducto u otro requisito
semejante […]”
Así mismo, la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos, adoptada y proclamada
por la Resolución de la Asamblea
General 217 del 10 de Diciembre
de 1948, Norma Suprema de la
Unión, de conformidad con el
artículo 133 de la Constitución
determina:
“Artículo 13.1 “Toda persona
tiene derecho a circular
libremente y a elegir su
residencia en el territorio de
un Estado”
Por su parte la Convención
Americana de Derechos Humanos,
cuya entrada en vigor en nuestro
país, fue el 24 de mayo de 1981,
en el artículo 22 prevé los
derechos de circulación y de
residencia en los siguientes
términos:
“1. Toda persona que se halle
legalmente en el territorio de
un estado tiene derecho a
circular por el mismo y a
residir en él, con sujeción a
las disposiciones legales […].
Por lo señalado con
anterioridad, tenemos que la
obligación impuesta a los
servidores públicos es no llevar
a cabo conductas que impidan o
restrinjan la realización de los
bienes jurídicos antes
descritos, es decir, el de
viajar o circular libremente por
el territorio nacional.
No
obstante, tanto el marco
jurídico nacional, como los
instrumentos internacionales de
protección a los derechos
humanos, se establecen
restricciones a la libertad de
tránsito, pero atendiendo al
principio de que la autoridad
solo puede hacer lo que está
determinado en la ley, dicha
restricción también está
regulada conforme al principio
de legalidad, establecido en el
artículo 16 de la Constitución
General de la República. “Nadie
puede ser molestado en su
persona, familia, papales o
posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del
procedimiento”, o bien, a
contrario sensu, los ciudadanos
solo pueden ser molestados en su
persona, familia o posesiones,
en virtud de mandamiento escrito
de la autoridad en donde se
determine una causa legal de tal
molestia.
Ahora bien, por otra parte, es
preciso señalar que los actos de
molestia a los que hace alusión
el artículo constitucional antes
citado, se refiere a la comisión
de actos de molestia dirigidos a
los particulares de manera
individual, sin que ello afecte
la normalidad de una determinada
población.
No
obstante el caso que se plantea
ante esta Comisión Nacional, es
el establecimiento de operativos
realizados por autoridades del
ámbito federal que representan
una medida de naturaleza
excepcional que implica
restricciones que superan las
limitaciones autorizadas en
períodos ordinarios a través de
los denominados “retenes” o
puestos de revisión móviles, que
se encuentran instalados en
diversas ciudades y poblados de
nuestro estado. En este sentido,
la naturaleza jurídica a la
hipótesis contenida en el
Artículo 29 de la Constitución,
que prevé la suspensión de
garantías individuales para
“casos de invasión, perturbación
grave de la paz pública, o de
cualquier otro que ponga a la
sociedad en grave peligro o
conflicto”
De
acuerdo con los alcances de este
artículo, para hacer frente a
los supuestos que enuncia, el
titular del Ejecutivo Federal,
está en posibilidades de
suspender una o varias garantías
individuales, en todo el país o
en algún lugar determinado para
evadir la presunta emergencia.
No obstante, y dado que el
Estado estaría violando
sistemáticamente los derechos
humanos de los gobernados, dicho
artículo constitucional también
estipula los requisitos de
legalidad para determinar la
suspensión de garantías. Así
tenemos que la declaración se
suspensión de garantías debe ser
realizada a iniciativa del
Presidente de la República, y
aprobada por los titulares de
las Secretarías de Estado, los
Departamentos Administrativos y
la Procuraduría General de la
República, para que,
posteriormente también sea
sometida a la aprobación del
Congreso de la Unión y, en los
recesos de este, por la Comisión
permanente. El otro requisito de
legalidad es que la suspensión
no puede afectar a un individuo
en particular y se realizará por
un tiempo determinado.
Es
de recordar, que la esencia de
la suspensión de garantías,
otorga al Presidente de la
República, la facultad de
legislar que le está reservada
al Poder legislativo, con el
único objeto de hacer frente a
una emergencia. Razón por la
cual, de ninguna manera se puede
soslayar la necesidad de que la
suspensión de garantías, deba
ser sometida al procedimiento
legal que para tal efecto
establece el artículo 29
constitucional.
En
este sentido, es dable también
citar lo que al efecto
establecen los instrumentos
internacionales de aplicación
obligatoria en nuestro país al
respecto:
Art. 22 de la Convención
Americana de derechos Humanos,
fracción 3
“El ejercicio de los derechos
anteriores no puede ser
restringido, SINO EN VIRTUD DE
UNA LEY, en la medida
indispensable e una sociedad
democrática, para prevenir
infracciones penales o para
proteger la seguridad nacional,
la seguridad o el orden
públicos, de la moral o la salud
públicas o los derechos y
libertades de los demás.”
Dicho criterio es reiterado en
el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos,
artículo 12.1 fracción 3:
“Los derechos antes mencionados
no podrán ser objeto de
restricciones salvo cuando éstas
se hallen previstas en la ley,
sean necesarias para proteger la
seguridad nacional, el orden
público, la salud o la moral
públicas o los derechos y
libertades de terceros, y sean
compatibles con los demás
derechos reconocidos en el
presente Pacto”
Así mismo, el Artículo 4
fracción 3 del mismo Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, es
más enfático en aplicar
mecanismos de control para
suspensión de garantías en un
estado al establecer:
“Todo Estado parte en el
presente Pacto que haga uso del
derecho de suspensión deberá
informar inmediatamente a los
demás estados partes en el
presente Pacto, por conducto del
Secretario General de las
Naciones Unidas, de las
disposiciones cuya aplicación
haya suspendido y de los motivos
que haya suscitado la
suspensión. Se hará una nueva
comunicación por el mismo
conducto en la fecha en que se
haya dado por terminada tal
suspensión.”
Finalmente, el mismo pacto, al
considerar los peligros de que
los Estados puedan utilizar para
establecer medidas contrarias a
la tutela y protección de los
derechos humanos, establece en
su artículo 5:
“1.Ninguna disposición del
presente Pacto podrá ser
interpretada en el sentido de
conceder derecho alguno a un
Estado, grupo o individuo para
emprender actividades o realizar
actos encaminados a la
destrucción de cualquiera de los
derechos y libertades
reconocidos en el Pacto o su
limitación en mayor medida que
la prevista en él.”
Por lo señalado en este primer
punto de la presente petición,
nos permitimos señalar a Usted,
señor Presidente de la Comisión
Nacional, que a nuestra
consideración y por los
argumentos antes esgrimidos, el
operativo militar implementado
en el Estado de Morelos ordenado
por el Presidente de la
república, Lic. Felipe Calderón
Hinojosa y ejecutado por la
Secretaría de la Defensa
Nacional, representa una
suspensión de facto del derecho
de libre tránsito en relación
con el principio de legalidad en
detrimento de los ciudadanos que
son revisados en los retenes
operados por elementos de las
institución señalada, sin que
hasta la fecha el ejecutivo
federal haya cumplido con los
requisitos legales que determina
el artículo 29 de la
Constitución para hacerlo.
Situación que sin lugar a dudas,
coloca el disfrute de la
totalidad de los derechos
humanos a la total
discrecionalidad del poder
ejecutivo. Motivo por el cual,
podemos afirmar que fácticamente
existe un estado de suspensión
de garantías individuales en el
Estado de Morelos.
Dos: Si bien es cierto que la
violencia generada por los
cárteles del narcotráfico es un
problema delicado y urgente de
inseguridad pública, pero nos
parece que la participación de
elementos militares en esta
tarea, no garantiza la
efectividad del combate a los
problemas derivados del
narcotráfico y por el contrario,
los riesgos para el respeto a
los derechos humanos son altos.
En este sentido, el punto que
abordamos en este apartado tiene
como objetivo insistir en los
peligros de mantener a las
fuerzas armadas en actividades
de seguridad pública y que de
manera muy puntual, lo ha
definido el Grupo alto nivel
sobre las amenazas, los desafíos
y el cambio de la Asamblea
General de las Naciones Unidas,
en los siguientes términos:
“En la acción militar se da
preeminencia a la persecución,
detención y sanción a los
responsables de los delitos a
través de la fuerza y de
operativos aparatosos que buscan
amedrentar y generar miedo en la
sociedad, apegados siempre a una
concepción rigorista de las
leyes y poco acostumbrados a dar
cuenta de sus actuaciones a la
sociedad, sin que el respeto a
los derechos humanos signifique
una limitación a sus actos”
Preocupaciones, que lejos de ser
una inquietud aislada de las
organizaciones no
gubernamentales de defensa y
protección de derechos humanos,
ha sido motivo de diversas
recomendaciones de organismos
internacionales de protección y
defensa de derechos humanos, que
sin duda, son de dominio de este
organismo público nacional y que
al afecto nos permitimos
transcribir:
En
el informe sobre la situación de
los Derechos Humanos en México,
realizado en el año 1998, la
Comisión Interamericana
determinó que “la autorización
estatal otorgada para que las
fuerzas armadas intervengan en
cuestiones de seguridad, se da
confundiendo los conceptos de
seguridad pública y seguridad
nacional. Ni el abuso del
“estado de excepción” ni el
extraordinario crecimiento del
delito pueden justificar la
intromisión de militares n
cuestiones vinculadas a la
seguridad interior.”
No
solo en el ámbito regional, sino
también la Relatora de
Ejecuciones Extrajudiciales de
la ONU, en un contexto donde se
verificó que en algunas zonas de
nuestro país, en donde había
presencia militar en labores de
seguridad, se cometieron graves
violaciones a derechos humanos
en perjuicio de la ciudadanía.
En este marco, la relatora
recomendó al gobierno mexicano
que “logre la desmilitarización
de la sociedad y evite delegar
en las fuerzas armadas el
mantenimiento del orden público
o la lucha contra el delito”,
así mismo, en el apartado de
observaciones generales, la
Relatora expresaba su
preocupación porque “al parecer,
en las operaciones contra el
crimen emprendidas por la
policía y los militares
mexicanos se ha hecho a veces un
uso excesivo o indiscriminado de
la fuerza, que ha acabado en
ocasiones con la vida de civiles
inocentes” así mismo, manifestó
“Que si bien reconoce la
necesidad de reducir la
criminalidad y las dificultades
que afronta el gobierno a este
respecto, le preocupa que
algunas de las medidas,
especialmente la asignación a
personal armado de funciones de
cumplimiento de la ley, puede
ser perjudicial para el imperio
de la ley general y el disfrute
de los derechos humanos en
México.
Finalmente, también citamos las
consideraciones expuestas en el
Diagnóstico de la situación de
Derechos Humanos en México,
realizado por la Oficina del
Alto Comisionado de Naciones
Unidas, respecto a la
intervención de elementos
militares en actividades de
seguridad pública:
“La función policial presenta
una tendencia claramente
militarizada en la formulación
de la política de seguridad
pública a pesar de que la
actuación de miembros de las
fuerzas armadas ha sido causa de
graves violaciones a derechos
humanos (denuncias documentadas
por organizaciones civiles de
derechos humanos)” […].
Corolario de lo anterior, es la
recomendación expresa del
gobierno mexicano de establecer
un programa de sustitución a
todo el personal militar y naval
en toda la estructura jerárquica
de la Procuraduría General de la
República.
Por lo anteriormente
manifestado, consideramos que
existen argumentos suficientes
para considerar debidamente
fundados los riegos de que en
nuestro estado, Morelos, se
continúe mermando una
diferenciación de hecho y de
derecho de las distintas
responsabilidades del gobierno
mexicano respecto a la seguridad
nacional y la seguridad
interior del país y con ello se
continúe favoreciendo el
involucramiento de elementos de
las fuerzas armadas en
actividades de seguridad que
corresponde afrontar a los
policías civiles, con una lógica
respetuosa de los derechos
humanos pero plenamente eficaz.
Nos parece que la coyuntura, nos
plantea a los organismos de
defensa y protección de derechos
humanos la necesidad de colocar
sobre la mesa que el falso
dilema entre seguridad y respeto
de derechos humanos no es un
obstáculo para proponer
políticas públicas en materia de
seguridad pública respetuosa de
derechos humanos. Modelo que de
ninguna manera concibe la
participación de las fuerzas
armadas en actividades de
seguridad interior.
En
ese sentido, nos permitimos
solicitar a usted, con
fundamento en los Art.2, 3,6
fracciones II y VII, 15 Fracción
VIII, 41 de la ley de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 6 y 85 del
Reglamento de la Comisión, lo
siguiente:
PRIMERO.-Que toda vez que la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, tiene
competencia para realizar
denuncias relacionadas con
presuntas violaciones a derechos
humanos imputadas a autoridades
y servidores públicos de
carácter federal, se sirva
conocer e investigar de oficio,
la presunta suspensión de facto
de la garantía de tránsito en
relación con el principio de
legalidad en el Estado de
Morelos y en las ciudades y
localidades del Estado de
Morelos, en donde se continúe
aplicando los retenes militares,
por parte de la Secretaría de la
Defensa Nacional. Para lo cual,
atentamente solicitamos la
presencia de visitadores en
todas las ciudades y municipios
del Estado donde haya retenes
para llevar a cabo la
investigación y documentación de
tal situación.
SEGUNDO.- Toda vez que de
conformidad con la fracción VII
del artículo 6 de la ley de la
Comisión Nacional de derechos
Humanos, es facultad de este
organismo que usted preside,
“Impulsar la observancia de los
derechos humanos en el país”,
solicitamos de la manera más
atenta, que con fundamento en
los argumentos que hemos vertido
en el cuerpo del presente
escrito, se sirva entrar al
análisis de la suspensión de
facto de la garantía de libertad
de circulación con relación al
principio de legalidad
establecido en la Constitución
General de la República en su
artículo 29 que impera en la
implementación de los retenes
militares establecidos en el
marco de los operativos que
actualmente existen en el Estado
de Morelos. Lo anterior con el
objetivo, de que a la brevedad
posible, la institución pública
de promoción y defensa de
derechos humanos que usted
preside, dirija al ejecutivo
federal una solicitud formal de
restablecimiento del respeto a
los derechos humanos en las
ciudades y localidades del
Estado de Morelos, y en las
demás en las que se están
implementando los operativos
policiaco- militares y en el que
por lo supuesto se incluyan las
consideraciones de hecho y de
derechos humanos que hemos
expuesto.
TERECERO.- Que una vez
realizadas las anteriores, se
sirva informar públicamente de
los resultados.
CUARTO.-Tomar todas las
medidas que considere
oportunas para asegurar la
observancia de los derechos
humanos en el País y en
Morelos.
Tortura y amnesia histórica
Obama
no acabó con esa práctica, sólo
la cambió de lugar, señala el
investigador Allan Nairn
Noam Chomsky* /I
Los memorandos sobre tortura
revelados por la Casa Blanca
suscitaron asombro, indignación
y sorpresa. El asombro y la
indignación eran entendibles; la
sorpresa, no tanto. Por
principio de cuentas, aun sin
investigación, era razonable
suponer que Guantánamo era una
cámara de tortura. ¿Para qué, si
no, enviar prisioneros a un
lugar donde estarían fuera del
alcance de la ley; un lugar, por
cierto, que Washington utiliza
en violación de un tratado
impuesto a Cuba a punta de
pistola? Desde luego, se
adujeron razones de seguridad,
pero sigue siendo difícil
tomarlas en serio. Las mismas
sombrías expectativas se
tuvieron acerca de los “ sitios
negros ” , prisiones secretas
del gobierno de Bush, y por la “
rendición extraordinaria ” , o
captura extrajudicial de
sospechosos en otros países, y
se cumplieron.
Más importante es que la tortura
ha sido práctica de rutina desde
los primeros días de la
conquista del territorio
nacional, y continuó empleándose
a medida que las aventuras
imperiales del “ imperio infante
” –como George Washington
llamaba a la nueva república– se
extendieron a Filipinas, Haití y
demás lugares. Tengamos en mente
también que la tortura fue el
menor de muchos crímenes de
agresión, terror, subversión y
estrangulamiento económico que
han oscurecido la historia
estadunidense, como ocurre
también con otras grandes
potencias.
En
consecuencia, lo sorprendente es
ver las reacciones a la
revelación de esos memorandos
del Departamento de Justicia,
incluso las de algunos de los
críticos más francos y
elocuentes del mal gobierno de
Bush: Paul Krugman, por ejemplo,
quien escribió que solíamos ser
“ una nación de ideales morales
” y que nunca antes de Bush “
habían nuestros líderes
traicionado en forma tan
absoluta todo lo que esta nación
ha postulado ” . Por decir lo
menos, esta visión común refleja
una versión bastante sesgada de
la historia estadunidense.
De
cuando en cuando se ha abordado
en forma directa el conflicto
entre “ lo que postulamos ” y “
lo que hacemos ” . Un
distinguido académico que
emprendió esa tarea fue Hans
Morgenthau, fundador de la
teoría de las relaciones
internacionales realistas. En un
estudio clásico, publicado en
1964 a la luz de Camelot,
Morgenthau desarrollaba la
visión convencional de que
Estados Unidos tiene un “
propósito trascendental ” :
instaurar la paz y la libertad
en su territorio y de hecho en
todas partes, puesto que “ la
arena dentro de la cual Estados
Unidos debe defender y promover
su propósito ha alcanzado
dimensiones mundiales ” . Pero,
como académico escrupuloso,
también reconoció que el
registro histórico era
radicalmente inconsistente con
ese “ propósito trascendental ”
.
No
debemos dejarnos confundir por
esa discrepancia, aconsejaba
Morgenthau; no debemos “
confundir el abuso de la
realidad con la realidad misma ”
. La realidad es el “ propósito
nacional ” incumplido, como se
revela en “ la evidencia de la
historia según la refleja
nuestra mente ” . Lo que ocurría
en los hechos no era más que “
el abuso de la realidad ” .
La
revelación de los memorandos
sobre tortura condujo a otros a
reconocer el problema. En el New
York Times, el columnista Roger
Cohen reseñó un nuevo libro, The
Myth of American Exceptionalism,
del periodista británico
Geoffrey Hodgson, quien concluye
que Estados Unidos no es más que
una “ nación grande, pero
imperfecta, entre otras ” .
Cohen concede que la evidencia
apoya la opinión de Hodgson,
pero de todos modos le parece
que yerra al no entender que “
Estados Unidos nació como una
idea, y por eso tiene que
llevarla adelante ” . La idea de
Estados Unidos se revela en el
nacimiento de la nación como “
ciudad en una colina ” , noción
“ inspiradora ” que reside “ muy
en el fondo de la sique
estadunidense ” , así como en el
“ distintivo espíritu
individualista y emprendedor de
los estadunidenses ” , que se
demuestra en la expansión hacia
el oeste. El error de Hodgson,
según eso, es apegarse a “ las
distorsiones de la idea
estadunidense ” , al “ abuso de
la realidad ” .
Volvamos la atención hacia la “
realidad en sí ” : hacia la “
idea ” de Estados Unidos desde
sus primeros días.
“
Vengan a ayudarnos ”
La
frase inspiradora “ una ciudad
en una colina ” fue acuñada en
1630 por John Winthrop, quien la
tomó de los evangelios para
esbozar el futuro glorioso de
una nación “ ordenada por Dios ”
. Un año antes la colonia de la
Bahía de Massachusetts creó su
Gran Sello, el cual mostraba un
indígena de cuya boca salía un
pergamino, en que se leían las
palabras “ Vengan a ayudarnos ”
. Así, los colonialistas
británicos se representaban como
humanistas benévolos que
respondían a las súplicas de los
miserables nativos para
rescatarlos de su amargo destino
pagano.
De
hecho, el Gran Sello es la
representación gráfica de “ la
idea de Estados Unidos ” desde
su nacimiento. Debe ser exhumada
desde las profundidades de la
sique y desplegada en los muros
de todos los salones de clase.
Debió aparecer sin duda en el
fondo de toda la pleitesía
estilo Kim Il-Sung que se le
rendía a ese salvaje asesino y
torturador llamado Ronald
Reagan, quien alegremente se
describía como el líder de una “
reluciente ciudad en la colina ”
mientras orquestaba algunos de
los crímenes más espantosos de
sus años en el cargo,
notoriamente en Centroamérica,
pero también en otros lugares.
El
Gran Sello fue una proclamación
temprana de la “ intervención
humanitaria ” , para usar una
frase en boga. Como ha ocurrido
comúnmente desde entonces, la “
intervención humanitaria ”
condujo a una catástrofe para
los supuestos beneficiarios. El
primer secretario de Guerra, el
general Henry Knox, describió “
la absoluta extirpación de todos
los indios en las partes más
populosas de la unión ” por
medios “ más destructivos para
los nativos indígenas que la
conducta de los conquistadores
de México y Perú ” .
Mucho después de que sus propias
significativas aportaciones al
proceso quedaran en el pasado,
John Quincy Adams deploró el
destino de “esa infortunada raza
de americanos nativos, a quienes
exterminamos con tanta crueldad
pérfida y despiadada… entre los
atroces pecados de esta nación,
por los cuales creo que Dios
algún día la llevará a juicio”.
Esa “ crueldad pérfida y
despiadada ” continuó hasta que
“ se conquistó el oeste ” . En
vez del juicio de Dios, los
atroces pecados sólo han traído
hoy elogios por la culminación
de la “ idea ” estadunidense.
La
conquista y colonización del
oeste mostraron sin duda ese “
espíritu individualista y
emprendedor ” tan elogiado por
Roger Cohen. Así ocurre por lo
regular con las empresas de
colonización, la forma más cruel
del imperialismo. Los resultados
fueron ensalzados por el
respetado e influyente senador
Henry Cabot Lodge en 1898. Al
convocar a la intervención en
Cuba, Lodge elogió nuestro
historial “ de conquista,
colonización y expansión
territorial, inigualado por
ningún pueblo en el siglo XIX ”
, y llamó a “ no detenerlo ahora
” , cuando los cubanos también
suplicaban, según las palabras
del Gran Sello, “ vengan a
ayudarnos ” .
Su
ruego fue atendido. Estados
Unidos envió tropas, con lo cual
impidió que Cuba se liberara de
España y la convirtió en una
colonia virtual, como continuó
siéndolo hasta 1959.
La
“ idea estadunidense ” fue
ilustrada tiempo después por la
notable campaña emprendida por
el gobierno de Dwight D.
Einsenhower para devolver a Cuba
al lugar apropiado, luego que
Fidel Castro entró en La Habana
en enero de 1959 y liberó por
fin a la isla del dominio
extranjero, con enorme apoyo
popular, como Washington
reconoció a regañadientes. Lo
que siguió fue: una guerra
económica, con la mira
claramente delineada de castigar
al pueblo cubano para que
derrocara al desobediente
gobierno de Castro; una
invasión; la dedicación de los
hermanos Kennedy a llevar a Cuba
“ los terrores de la Tierra ”
(frase del historiador Arthur
Schlesinger en su biografía de
Robert Kennedy, quien tenía esa
tarea entre sus máximas
prioridades), y otros crímenes
que continúan hasta el presente,
en desafío a una opinión mundial
prácticamente unánime.
Por lo regular los orígenes del
imperialismo estadunidense se
hacen remontar a la invasión de
Cuba, Puerto Rico y Hawai en
1898. Pero eso es sucumbir a lo
que el historiador del
imperialismo Bernard Porter
llama “ la falacia del agua
salada ” , la idea de que la
conquista sólo se vuelve
imperialista cuando cruza agua
de mar. Es decir, si el Misisipi
hubiera semejado al mar de
Irlanda, la expansión hacia el
oeste habría sido imperialismo.
De George Washington a Henry
Cabot Lodge, los que
participaron en la empresa
tuvieron una visión más clara de
lo que hacían.
Luego del éxito de la
intervención humanitaria en
Cuba, en 1898, el siguiente paso
en la misión asignada por la
Providencia fue conferir “ las
bendiciones de la libertad y la
civilización a todos los pueblos
rescatados ” de Filipinas (en
palabras de la plataforma del
Partido Republicano de Lodge)…
por lo menos a los que
sobrevivieron a las matanzas y
al uso extendido de la tortura y
demás atrocidades que las
acompañaron. Esas almas
afortunadas fueron dejadas a la
merced del gobierno filipino de
paz instaurado por Estados
Unidos dentro de un modelo
recién ideado de dominio
colonial, que se apoyaba en
fuerzas de seguridad adiestradas
y equipadas para aplicar
avanzados métodos de vigilancia,
intimidación y violencia.
Modelos similares se adoptarían
en muchas otras zonas donde
Estados Unidos impuso brutales
guardias nacionales y otras
fuerzas a su servicio.
Paradigma de apremios
En
los 60 años pasados, las
víctimas en todo el mundo han
soportado el “ paradigma de
tortura ” de la CIA,
desarrollado a un costo que
llegó a mil millones de dólares
anuales, según documenta el
historiador Alfred McCoy en su
libro A Question of Torture.
Allí muestra cómo los métodos de
tortura desarrollados por la CIA
a partir de la década de 1950
aparecen, con pocas variantes,
en las fotografías infames de la
prisión de Abu Ghraib, en Irak.
No hay hipérbole en el título
del penetrante estudio de
Jennifer Harbury sobre el
historial de tortura
estadunidense: Truth, Torture,
and the American Way. Así pues,
es sumamente engañoso, por decir
lo menos, que los investigadores
del descenso de la banda de Bush
a las cloacas del mundo lamenten
que “ al emprender la guerra
contra el terrorismo, Estados
Unidos haya extraviado el rumbo
” .
No
se quiere decir con esto que
Bush-Cheney-Rumsfeld et al no
hayan incorporado innovaciones
importantes. En la práctica
normal estadunidense, la tortura
se encomendaba a subsidiarios,
no la ejecutaban estadunidenses
directamente en cámaras de
tortura propias, instaladas por
su gobierno. En palabras de
Allan Nairn, quien ha llevado a
cabo algunas de las
investigaciones más reveladoras
y valerosas sobre el tema: “ Lo
que la [prohibición de la
tortura] de Obama cancela es ese
pequeño porcentaje de tortura
que hoy realizan estadunidenses,
pero conserva el conjunto
abrumador de la tortura del
sistema, que es llevado a cabo
por extranjeros bajo patrocinio
estadunidense. Obama podría
dejar de apoyar a fuerzas
extranjeras que torturan, pero
ha elegido no hacerlo ” .
Obama no acabó con la práctica
de la tortura, observa Nairn,
sino “ sólo la cambió de lugar ”
, restaurando la norma
estadunidense de indiferencia
hacia las víctimas. “Es un
retorno al status quo anterior
–escribe Nairn–, al régimen de
tortura que va de Ford a
Clinton, y que año con año
produjo más agonía con respaldo
estadunidense de la que se
produjo durante los años de
Bush/Cheney.”
En
ocasiones el involucramiento
estadunidense en la tortura ha
sido aún más indirecto. En un
estudio realizado en 1980, el
latinoamericanista Lars Schoultz
descubrió que la ayuda exterior
estadunidense “ha tendido a
fluir en forma desproporcionada
hacia gobiernos latinoamericanos
que torturan a sus ciudadanos… a
los mayores violadores de los
derechos humanos fundamentales
en el hemisferio”. Estudios más
amplios de Edward Herman
encontraron la misma
correlación, y también
sugirieron una explicación. No
es sorprendente que la ayuda
estadunidense tienda a
correlacionarse con un clima
favorable a los negocios, que
por lo común mejora con el
asesinato de organizadores de
obreros y campesinos y
activistas pro derechos humanos
y otras acciones semejantes, lo
cual produce una segunda
correlación entre la ayuda y las
monumentales violaciones a los
derechos humanos.
Estos estudios se llevaron a
cabo antes de los años de
Reagan, cuando no valía la pena
estudiar el tema porque esas
correlaciones eran patentes. No
es extraño, pues, que el
presidente Obama nos aconseje
mirar hacia delante y no hacia
atrás, doctrina conveniente para
los que blanden los garrotes.
Los que son golpeados por ellos
tienden a ver el mundo en forma
diferente, con gran molestia de
nuestra parte.
*
Noam Chomsky es autor de
numerosas obras políticas de
gran venta.
Sus libros más recientes son
Failed States, The Abuse of
Power and the Assault on
Democracy y What We Say Goes,
libro de conversaciones con
David Barsamian. La
editorial New Press acaba de
publicar The Essential Chomsky
(editado por Anthony Arnove),
colección de sus escritos sobre
política y lingüística de 1950 a
la época actual.
Impreso con permiso de
TomDispatch.com
©
Noam Chomsky 2009
Sobre
el asesinato de Manuel
Arroyo
Invitación: Marcha, ¿Cuántos
muert@s más?
Y
por
el esclarecimiento del asesinato
del maestro Manuel Arroyo Galván.
¡Exigimos justicia por todos los
asesinatos, secuestros y el
estado de impunidad que priva en
nuestra ciudad!
Miércoles 3
de junio, 6:00 PM
Nos
concentraremos en la mega
bandera de Ciudad Juárez, de
donde partiremos al Puente
Lerdo, regresamos a la mega
bandera, donde concluiremos con
un acto solemne.
¡Por favor
reenvía este correo masivamente!
El
Diario de Chihuahua
Exigen universitarios justicia
en la PGR
Ramón Chaparro
El
Diario
Como protesta por el asesinato
del investigador del Instituto
de Ciencias Sociales y
Administración (ICSA), maestros
de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez (UACJ) decidieron
irrumpir en las instalaciones de
la Procuraduría General de la
República (PGR) ayer.
Tras una estancia silenciosa de
30 minutos en la Megabandera,
convocada por los universitarios
a través de una cadena de
correos electrónicos, los
inconformes decidieron marchar
hasta las instalaciones de la
PGR.
Ahí se pronunciaron contra lo
que consideraron un manejo
inadecuado de los más de 10 mil
efectivos militares y federales
que no pudieron evitar la muerte
ni tampoco capturaron a los
responsables del homicidio de su
compañero.
Hugo Almada Mireles, catedrático
de la UACJ, dijo que convocarán
a la comunidad estudiantil,
docente y administrativa a una
serie de pronunciamientos
mediante diversas acciones, con
el fin de exigir a la
Procuraduría General de Justicia
del Estado y al mismo gobernador
una resolución inmediata, con
una investigación profesional
del asesinato de Manuel Arroyo.
“Como comunidad universitaria
necesitamos una respuesta de las
autoridades distinta a las que
se han tenido hasta ahora”,
expresó.
Desde las 19:30 horas, en la
Megabandera personal docente y
administrativo de ICSA se
manifestó de manera silenciosa
para exponer su inconformidad
por la muerte de Arroyo.
En
el lugar, una manta negra con
una bicicleta plateada,
utilizada por Fernando Traverso
para manifestarse por las
desapariciones y asesinatos
durante la dictadura argentina,
fue utilizada también aquí por
los universitarios.
Javier Sánchez Carlos, director
de ICSA, dijo que la protesta
silenciosa expresó el pesar de
un sector de académicos muy
importantes, ante el artero
crimen de un doctor en Ciencias
Sociales muy joven y
comprometido con su trabajo.
Aseguró que no cuentan con
información de los posibles
móviles del homicidio, pero se
condena enérgicamente el hecho,
por lo que exigen haya
inmediatamente una investigación
supervisada por un cuerpo
colegiado integrado por los tres
niveles de gobierno.
“Está en manos de ellos realizar
una buena indagatoria y
esperamos que pronto, muy
pronto, haya una respuesta”,
refirió.
Dada la naturaleza de la UACJ
como formadora de profesionales
de calidad, los directivos de la
institución pensaban que eran
invulnerables en medio de este
contexto de violencia que se da
en la ciudad, mencionó.
Sin embargo, la Universidad se
encuentra conmocionada no
únicamente por el homicidio de
Arroyo Galván, sino por otros
eventos que hasta el momento no
han sido aclarados.
El
del investigador de Sociología
es el tercer homicidio de los
pasados meses.
De
acuerdo con reportes
periodísticos, el 4 de diciembre
del 2008 asesinaron al maestro
de tiempo completo del Programa
de Psicología, Gerardo González
Guerrero, quien perdió la vida
mientras tripulaba su vehículo
en el fraccionamiento El
Marqués.
En
enero de este año, el estudiante
de la carrera de Derecho, Jaime
Alejandro Irigoyen Flores, fue
encontrado asesinado, después de
que un grupo de hombres lo sacó
de su domicilio.
La
UACJ también mantiene abierta la
pesquisa de dos de sus
estudiantes que se encuentran
desaparecidas: Lidia Ramos
Mancha, del Programa de
Biología, quien fue vista por
última vez a inicios de este año
y de Mónica Janeth Alanís
Esparza, quien desapareció el 26
de marzo.
A
partir del asesinato del
catedrático González Guerrero,
la UACJ mantiene una
comunicación directa con
autoridades policiacas del
estado a fin de que les informen
los avances de las
investigaciones tanto del
asesinato de dicho docente como
del alumno de la carrera de
Derecho y de la desaparición de
las dos universitarias.
Para ello se asignó a un
Ministerio Público especial para
realizar las investigaciones de
los casos que corresponden
exclusivamente a la UACJ y se
creó un enlace permanente de la
Procuraduría de Justicia del
Estado de Chihuahua con la
Universidad, con el fin de
informar los avances de las
investigaciones.
Su
trayectoria en la UACJ
—Manuel Arroyo Galván laboraba
en el Instituto de Ciencias
Sociales y Administración como
catedrático del Programa de
Sociología
—Era el encargado de la terminal
de Maestría en Intervención
Comunitaria
—Trabajaba para la Universidad
desde 1996 y recientemente fue
nombrado doctor en Ciencias
Sociales
—Era egresado de Sociología de
la UACJ
—Fungió como coordinador de
la Maestría en Educación en
el 2005
Las verdaderas bajas de la
guerra contra el crimen
organizado
Víctor M. Quintana S.
La jornada viernes 29 de mayo /
2009
A
Calderón le resultó muy fácil
declarar la guerra, su guerra,
al crimen organizado,
pertrechado en Los Pinos, con
todo el Estado Mayor
Presidencial a su servicio
personal. “… Que se venga a
vivir siquiera unos días a la
Alta Babícora, para que sienta
lo que es estar a la merced de
los sicarios o de los desmanes
del Ejército”. Lo dice así una
mujer joven de Colonia Alamillo,
municipio de Madera, Chihuahua,
al denunciar la detención ilegal
de su hermano y de un amigo, por
soldados de la guarnición de
Nuevo Casas Grandes, del 4 al 9
de mayo pasados.
Hace un año que la otrora
próspera región agrícola de la
Alta Babícora, espacio de la
lucha agraria contra el
latifundio de Randolph Hearst,
en el noroeste de Chihuahua, es
tierra asolada por las
incursiones o de los sicarios o
de los militares. Hace tiempo
que los narcos se establecieron
en poblaciones como Nicolás
Bravo o Gómez Farías. Pero es
hasta que el calderonismo les
declara la guerra cuando
comienzan los problemas
angustiosos para la población:
decenas de casas incendiadas,
ejecutados, desaparecidos,
levantados. El fin de semana del
21 de marzo fue especialmente
macabro: dos jóvenes maestros y
varios jóvenes más están
desaparecidos desde entonces,
muchas familias amenazadas de
muerte. Ahora las colonias
agrícolas y ganaderas de la
región lucen semidespobladas. La
gente que tuvo modo se exilió en
Estados Unidos. La que no, tuvo
que refugiarse –y esto muestra
lo terrible de la situación– ¡en
Ciudad Juárez!
El
Estado fallido, al menos en esta
región donde confluyen los
municipios de Madera, Zaragoza y
Gómez Farías. Porque –según
denuncian los pobladores– ni las
diversas policías ni el Ejército
logran echarle el guante a los
delincuentes, que los siguen
aterrorizando. Y en cambio han
incrementado los atropellos
contra los civiles. A los dos
muchachos detenidos el 4 de mayo
los mantuvieron con los ojos
vendados durante cinco días,
simularon ejecutarlos varias
veces, les aplicaron la
chicharra, la cama eléctrica y
los golpearon. Sólo cuando la
denuncia se hizo pública y
fuerte los dejaron abandonados
en la sierra, no sin antes
amenazarlos si interponían
cualquier denuncia.
El
guión se repite en Juárez, en la
capital, en todo el estado: la
presencia masiva del Ejército no
detiene las ejecuciones ni abate
los espantosos índices de
delitos comunes, pero sí
constituye una amenaza para las
garantías de las y los
ciudadanos: detenciones
arbitrarias, allanamientos de
domicilio, robos de
electrodomésticos, de autos,
hasta de la despensa. Sobre las
ejecuciones ya se sospecha que
pueden ser perpetradas por
grupos paramilitares con la
anuencia de los militares.
Y,
si contra los narcos nada puede
hacerse, contra la impunidad
uniformada que Human Rights
Watch documenta con tanta
solidez, tampoco. Las denuncias
en las comisiones
gubernamentales y no
gubernamentales de derechos
humanos, en las procuradurías
estatal o General de la
República, tienen que recorrer
todo un laberinto para
desembocar donde está el
minotauro del Ministerio Público
Militar, encubridor de oficio de
los uniformados.
Lo
peor es que esta deshilachada
guerra que declaró Calderón no
tiene ni para cuándo acabarse,
ni siquiera cuándo tornarse
eficaz en sus objetivos
declarados. Porque es muy claro
que los operativos conjuntos tan
propagandizados ahora por el PAN
en sus espots son, más bien,
disyuntos. Lo evidencia Felipe
en su fugaz y elitista visita a
Chihuahua hace dos semanas:
declara ante el gobernador y el
Ejército que éste no puede
permanecer indefinidamente en
las calles. Urge a las
autoridades locales a realizar
las acciones necesarias para
estar preparados cuando las
fuerzas castrenses vuelvan a sus
cuarteles…
El
secretario de Seguridad Pública
del estado le responde. No en
una de las supuestas reuniones
de evaluación del operativo sino
en la prensa: las policías
estatales no estarán preparadas
para cuando se vaya el Ejército.
Con este tipo de diálogos
involuntariamente públicos la
desazón ciudadana se incrementa:
se explica por qué las fuerzas
federales y estatales no han
entregado una hoja de ruta que
señale acciones y metas a lograr
para que el Ejército regrese a
sus cuarteles. ¿Cómo va a
entregarse si ni siquiera hay
acuerdo sobre el cómo y el
cuándo va a regresar?
Lo
que va quedando muy claro es que
en esta guerra los pies van por
rumbo muy diferente a la cabeza.
Que se desató para que Calderón
y su partido ganen los votos;
que la población y sus derechos
pongan las bajas.
… y Lázaro
andó!
Jaime García Chávez
Solo razones de estado son las
que median para incluir al
Municipio de Chihuahua en el
Complejo proceso de
militarización que se muestra
con el relevo de Lázaro Gaytán
en la Dirección de Seguridad
Publica Municipal. En breve, se
hará cargo de la tarea el
General Brigadier retirado (al
parecer con amplio curriculum en
Pedagogía) Javier Aguayo y
Camargo (la “y” es un arcaísmo
en desuso, pero da pedigrí).
Si
nos atenemos a las explicaciones
públicas —invitación a la
esquizofrenia informativa—
tendríamos que comulgar con
enorme rueda de molino y
tragarnos la versión de que
Lázaro Gaitán Aguirre fue
nombrado Asesor en materia de
Seguridad Pública de la
organización de la Democracia
Cristiana en Latinoamérica.
Optó por un balcón casi
continental, despidiéndose del
rincón chihuahuense. No paso
por alto, para hablar con
justicia, que dejó buena fama
aquí y que la explicación de su
retiro la carcome.
Hace inexplicable la partida del
jefe policiaco un comunicado
signado a nombre del panismo por
Cruz Pérez Cuellar y Jesús
Manuel Payan Quinto. Según ellos
Lázaro Gaytán logró de manera
“contundente” objetivos en la
Seguridad Pública Municipal de
Chihuahua y, además, “están
absolutamente convencidos” de
sus afirmaciones a grado tal de
que no dudan que a partir de
ahora su talento va a servir
para la construcción del bien
común en toda América Latina.
Échense ese trompo a la uña.
Para abonar esto hablan de los
logros del Arquitecto Gaytán: la
certificación “CALEA” (cualquier
cosa que eso signifique), la
creación de la Escuela de
Policía, la adquisición de un
centro de mando móvil, el
equipamiento vehicular para los
bomberos, el incremento de la
red fibra óptica, la
implementación del programa
antiadicciones “DARE”, la
Policía Comunitario y el Código
Azul, probablemente dignó de
mejor color.
Vistas con esa perspectiva y
dando por hecho de que todo
fuera cierto, (imagine el mejor
de los mundos posibles) nos
preguntamos: ¿porqué remover a
quién esta haciendo bien las
cosas? Porque bien mirados los
hechos y aún cuando lo espere
una oficina de la democracia
cristiana, la realidad es que
estamos ante un subterfugio para
ocultar los motivos para
desencadenar un atropello,
dictado por razón de estado y
poner a un militar al frente de
la Seguridad Pública Municipal
en Chihuahua. Dígase lo que se
diga, los que saben de esto
tienen claro que estamos en
presencia de una engañifa.
La
militarización se da en el
Municipio en el justo momento en
que diversas organizaciones
tutelares de los Derechos
Humanos han puesto el acento en
los desmanes de las fuerzas
castrenses que usurpan una
función civil del Estado como lo
es la Seguridad Publica. Tanto
la organización Miguel Agustín
Pro, Human Rights Watch y
recientemente la Amnistía
Internacional han expresado
profunda preocupación por este
proceso de militarización y el
abuso militar que vulnera,
impunemente, los Derechos
Humanos. En particular se ha
puntualizado que el fuero
militar o castrense es una
cobertura adicional al servicio
de la impunidad.
No
cabe duda que hay que seguir
exigiendo la hoja de ruta para
que los representantes
Federales, Estatales y
Municipales nos digan cuando se
van a retirar los militares, con
tiempos y fechas precisos y
restaurar la garantía
establecida en la Constitución
que previene, en favor de todas
las personas, la Seguridad
Publica en manos de Civiles.
Se
va Lázaro Gaytán a cumplir
tareas como demócrata cristiano
y llega un General a
substituirlo sin que nadie sepa
las razones reales. Y es que
así son las razones de Estado.
Mientras tanto los flujos de la
droga, el lavado de dinero y la
inseguridad hace presa a la
sociedad en su conjunto y
realmente las Fuerzas Armadas
Permanentes no sirven al
propósito que ahora asumen,
incluso con tareas de
contrainsurgencia popular.
No
es milagro… pero Lázaro andó!
Chihuaua, Chih., a 29 de
mayo del 2009
El
epicentro del conflicto minero
Miguel Concha
El
próximo lunes se cumplen 103
años de la represión patronal y
gubernamental contra la primera
huelga de la historia de México,
la de los mineros de Cananea, en
el régimen porfirista. Por
distintas razones es considerada
por los historiadores como la
chispa que incendió la
revolución social de 1910. En un
documentado análisis de
coyuntura publicado en febrero
de 2007, desde la perspectiva de
los derechos humanos, y cuyo
título es A cien años de
Cananea: el protagonismo minero
bajo el acoso del Estado
mexicano, el Centro de Reflexión
y Acción Laboral (Cereal) afirma
que a diez décadas de distancia
los trabajadores mineros no
dejan de reivindicar sus
derechos y de movilizarse en su
defensa, porque la actividad
minera –ancestral en la vida
económico-laboral del país–, no
deja de enriquecer a unos pocos
propietarios, que lejos de
compartir las ganancias
desprecian a los trabajadores
que las multiplican; y porque el
poder empresarial sigue
manteniendo como principal
aliado al poder político.
En
el 12 Informe de Violaciones a
los Derechos Humanos Laborales
en México, de 2008, que el
Cereal presentó hace unas
semanas, expresa que la
creciente preocupación por el
deterioro de las condiciones de
vida y de organización de los
trabajadores mineros –que
paradójicamente revelaban “
situaciones cada vez más
inseguras, precarias e injustas
” en un ciclo de “ signos
alentadores para la minería
mexicana ” – fue lo que llevó a
elaborar con urgencia aquel
informe sobre las violaciones a
los derechos humanos laborales
de los trabajadores de ese
sector durante 2006. Expresa,
sin embargo, que 2008 confirmó
algunas de esas preocupaciones y
el entorno en que se dan. Entre
ellas menciona la prolongación
de la conflictividad
obrero-patronal focalizada, y
afirma que la huelga en Cananea
se convirtió en el epicentro del
conflicto minero. Todo mundo
recuerda que el 30 de julio de
2007 los mineros declararon la
huelga por violaciones graves al
contrato colectivo de trabajo, y
que la empresa Grupo México
–nominalmente de Germán Larrea–
obtuvo sin problemas en cuatro
ocasiones laudos consecutivos de
la Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje (JFCA), que
declaraban inexistente el
movimiento, así como que en
todas esas ocasiones la justicia
federal amparó a los
trabajadores.
Se
sabe igualmente que el 5 de
marzo de este año la empresa
obtuvo de la Secretaría de
Economía una inspección, según
los trabajadores amañada, a
cargo de la Dirección General de
Minas, para verificar las
condiciones de la mina. En un
solo día, el 20 de marzo, esa
dependencia produjo una
resolución, la notificó a la
empresa y ésta presentó una
demanda ante la JFCA, la cual la
admitió y fijó para el 14 de
abril una audiencia. Como
escribió Arnaldo Córdova en
estas mismas páginas el 26 de
abril, “los mineros dieron
demostraciones a la prensa que
quiso asistir de que la
maquinaria y las instalaciones
de la mina estaban en perfectas
condiciones de funcionamiento, y
que la ‘inspección’ era una
farsa”. Pasada la medianoche del
26, la JFCA falló una vez más en
favor del Grupo México, dando
ahora por concluidas las
relaciones laborales
